Los profesionales de los servicios sociales de atención primaria de Castilla-La Mancha se han movilizado este jueves en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial real y efectiva, denunciando que trabajadores contratados por ayuntamientos perciben hasta un 40% menos que quienes desempeñan las mismas funciones bajo la Junta.

Según recoge el comunicado de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, las concentraciones se han desarrollado a primera hora frente a la Consejería de Bienestar Social y, posteriormente, ante las Cortes regionales, con el objetivo de reclamar una solución a una situación que califican de “injusticia”.

Tres años de reclamaciones sin respuesta

Durante la protesta, Irene Jiménez, en representación de la plataforma, ha señalado que el colectivo lleva “tres años esperando una respuesta” tras mantener ocho reuniones con la Consejería sin avances. Los afectados —entre ellos trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal administrativo— denuncian una situación de precariedad salarial que no se corresponde con su cualificación ni con las funciones que desempeñan.

Desde la plataforma insisten en que realizan “el mismo trabajo con la misma responsabilidad” que sus homólogos dependientes de la Junta, por lo que reclaman la aplicación del principio de “mismo salario por el mismo trabajo”, responsabilizando a la Administración autonómica de dar una solución.

Reclamaciones y consecuencias del modelo actual

El colectivo también exige el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta, así como un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos profesionales sólidos y una atención de calidad, especialmente en el ámbito rural.

Según la nota de prensa, los convenios aplicados a ayuntamientos y mancomunidades no se actualizan desde 2010, lo que ha provocado un aumento de la precariedad laboral, la fragmentación de los equipos y un deterioro en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

La plataforma subraya que los servicios sociales de atención primaria constituyen un pilar fundamental del Estado del Bienestar y advierte de que, sin profesionales “dignamente retribuidos”, el sistema pierde eficacia y capacidad de protección, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Finalmente, el colectivo ha reiterado su intención de mantener las movilizaciones hasta lograr la equiparación salarial, en lo que consideran una cuestión de justicia social.