Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. De hecho, hay miles de plazas que todavía no se han convocado. Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021 ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024.

Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, dado que las administraciones siguen contratando a personal interino como consecuencia de la tasa de reposición que hemos conseguido eliminar, tras el acuerdo alcanzado con Función Pública para la mejora de las Condiciones Laborales, el pasado noviembre.

En el caso de Castilla-La Mancha, de acuerdo a los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a julio de 2025, hay 51.678 trabajadores temporales en la región: el 35,5% de empleados públicos de la comunidad autónoma.

El TJUE recuerda, en primer lugar, que la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone necesariamente la conversión automática en relación fija,  pero si bien, exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para evitar prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada y determina que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra conforme a las leyes españolas ya que la figura jurisprudencial del "indefinido no fijo" no constituye una verdadera sanción al abuso.

Ante esta situación, CSIF propone:

- Regular en nuestro ordenamiento jurídico "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

- Que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.

- ⁠Reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).

Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.

CSIF traslada su solidaridad con los miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar.