El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un paquete de medidas que incluye ayudas de hasta el 100% del salario mínimo para la contratación de cuidados en el hogar y el incremento hasta 12 millones de euros de la convocatoria de seguros agrarios del Plan 2026, según ha informado la portavoz regional, Esther Padilla, tras el Consejo de Gobierno.

La información, procedente de sendas notas de prensa del Gobierno regional, detalla que ambas iniciativas buscan reforzar la conciliación familiar, la igualdad y la estabilidad del sector primario en un contexto marcado por el cambio climático y las dificultades sociales.

Apoyo a la conciliación y al empleo doméstico
El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a un decreto dotado con un millón de euros para facilitar la contratación de personas cuidadoras de menores de 14 años o familiares dependientes. Estas ayudas podrán cubrir hasta el 100% del salario mínimo interprofesional en función de la renta familiar y se extenderán durante tres años para favorecer la estabilidad laboral.

Padilla ha subrayado que la medida pretende que “contar con ayuda en casa no sea un privilegio”, al tiempo que actúa como “palanca de igualdad”, ya que la carga de los cuidados recae mayoritariamente en las mujeres. Además, las ayudas estarán vinculadas a contratos formales y con alta en la Seguridad Social, lo que contribuirá a aflorar empleo en un sector tradicionalmente ligado a la economía sumergida.

El sistema contempla una cobertura decreciente —del 100%, 75% y 50%— durante tres años, con especial atención a familias con menos recursos y hogares monoparentales.

Más protección para el campo frente al clima
En paralelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento de la dotación de los seguros agrarios hasta los 12 millones de euros, lo que supone 1,5 millones más que en la anterior convocatoria. Esta medida beneficiará a más de 23.000 agricultores y ganaderos de la región.

Según la portavoz, el seguro agrario se ha convertido en una herramienta “estructural” para garantizar la viabilidad de las explotaciones ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. En 2025, se registraron 332.000 hectáreas siniestradas y más de 101 millones en indemnizaciones, con el pedrisco como principal causa.

El Gobierno regional ha destacado que las ayudas se conceden en el momento de la contratación del seguro, evitando que los profesionales del campo tengan que adelantar el importe, y ha recordado que la inversión acumulada desde 2015 asciende a 82 millones de euros, un 186% más.

Junto a estas medidas, el Ejecutivo también ha aprobado un decreto para reforzar la formación en sanidad e higiene en la caza, con cursos específicos dirigidos a mejorar la seguridad alimentaria y la profesionalización de un sector que representa el 1,7% del PIB regional.