La financiación, propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será gestionada por las comunidades autónomas, competentes en esta materia, y permitirá desarrollar programas tanto a nivel regional como local. El objetivo es garantizar la cobertura de necesidades básicas y mejorar la atención a familias con especiales dificultades, como las monomarentales, numerosas o residentes en el medio rural.

Programas para cubrir necesidades básicas y prevenir la violencia infantil

La inversión se articula en tres grandes líneas de actuación. La primera, dotada con 65 millones de euros, asigna 3,6 millones a Castilla-La Mancha para proyectos de intervención social y ayudas directas a familias con menores en riesgo de exclusión. Estas ayudas podrán cubrir aspectos esenciales como la alimentación, la higiene, la ropa, el material escolar o los suministros básicos del hogar. También incluye el programa VECA, centrado en garantizar el acceso a la alimentación, el ocio y la conciliación durante los periodos vacacionales.

En segundo lugar, se destinan 25 millones de euros —de los que 1,2 millones corresponden a Castilla-La Mancha— para reforzar los equipos de servicios sociales con profesionales especializados en trabajo social, educación y psicología. El objetivo es mejorar la prevención y detección de la violencia infantil, en coordinación con centros educativos y sanitarios, en línea con la normativa estatal vigente.

Por último, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, con más de 108 millones de euros —5,4 millones para la región—, garantizará el acceso a recursos como la ayuda a domicilio, la orientación social, el alojamiento alternativo o programas de inserción. También permitirá mantener el funcionamiento de albergues y centros de acogida para personas en situación de vulnerabilidad.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

En la misma sesión, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada el pasado 3 de mayo, en la que se destacan los avances en igualdad, inclusión y accesibilidad.

Asimismo, se ha dado luz verde a un Real Decreto que regula la distribución de la recaudación del impuesto sobre apuestas deportivas, incorporando a la liga profesional de fútbol femenino como beneficiaria directa del 15% de estos ingresos, en una medida que busca reforzar la equidad en la financiación del deporte.