El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha exigido este martes medidas urgentes al Gobierno regional para garantizar la continuidad educativa y terapéutica de los alumnos de educación especial que superan los 21 años, denunciando que la actual situación obliga a muchas familias a esperar o desplazarse, lo que, a su juicio, “no puede llamarse inclusión”.

La petición ha sido trasladada en una rueda de prensa celebrada en Guadalajara por la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, junto al diputado autonómico Nacho Redondo, según recoge un comunicado de prensa del PP de Castilla-La Mancha. Ambos han anunciado que el Grupo Parlamentario Popular defenderá el próximo jueves en las Cortes una iniciativa con el objetivo de dar respuesta a esta problemática.

Agudo ha subrayado el carácter “profundamente humano” de la propuesta, señalando que las familias afectadas reclaman “dignidad, continuidad, seguridad y futuro” para sus hijos. En este sentido, ha instado al Ejecutivo autonómico a actuar ante una realidad que, ha dicho, “no puede esperar más”.

Falta de plazas y “vacío asistencial”

Desde el PP han denunciado la existencia de un “vacío asistencial” tras la etapa escolar, especialmente en la provincia de Guadalajara, donde consideran que la falta de recursos es “especialmente preocupante”. Por ello, han reclamado incrementar la oferta de plazas de atención diurna y programas de transición a la vida adulta.

Además, han defendido la necesidad de garantizar que los alumnos puedan continuar en sus centros, evitando romper vínculos y rutinas que han sido clave en su desarrollo. “No se les puede arrancar de su entorno sin ningún tipo de alternativa”, han advertido.

Planificación y recursos estructurales

Como tercer eje, el PP ha exigido al Gobierno regional una planificación adecuada de infraestructuras y recursos, al considerar que se trata de una necesidad estructural que requiere previsión y compromiso político.

En este contexto, Redondo ha señalado que el Centro Pedro Solís dispone de espacio suficiente para habilitar programas específicos de continuidad o transición a la vida adulta, en línea con lo que ya han implementado otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Canarias.

Por último, los populares han insistido en que esta cuestión debe quedar “fuera de toda ideología”, apelando a la responsabilidad de los diputados socialistas para apoyar la iniciativa y convertir una reivindicación de las familias en “una solución real” para los 136 menores afectados por esta situación.