La Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) ha pedido un frente común entre administraciones y usuarios del agua ante el “planteamiento restrictivo” de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para el próximo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Así lo trasladó este lunes su presidente, Ángel Bellón, durante una reunión mantenida en Toledo con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, y la directora general del Agua, Montserrat Muro.

Según ha informado FERGUALT en nota de prensa, Bellón expuso durante el encuentro las “especiales circunstancias” del Alto Guadiana y reclamó el respaldo del Gobierno regional en la defensa de los intereses de los usuarios de aguas subterráneas, especialmente de los agricultores.

Entre los principales problemas planteados por la Federación figuran la falta de recursos hídricos suficientes, el retraso administrativo en la tramitación de expedientes y las medidas que contempla la CHG para el próximo periodo de planificación hidrológica.

Alegaciones antes del 28 de mayo

El presidente de FERGUALT recordó que el plazo para presentar alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica finaliza el próximo 28 de mayo. En este sentido, insistió en la necesidad de que tanto las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como la propia Federación y la Administración regional presenten propuestas conjuntas al Esquema Provisional de Temas Importantes.

Bellón también denunció los retrasos administrativos en la resolución de expedientes por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, asegurando que algunos procedimientos acumulan demoras de hasta diez años.

Temor a pérdida de derechos y regadíos

FERGUALT considera que el planteamiento de la CHG para el nuevo ciclo hidrológico supondría medidas como la extinción de derechos, la eliminación de garantías procesales recogidas en la normativa de aguas, la pérdida de vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y la reducción tanto de superficie de regadío como de volúmenes concesionales.

La Federación advierte de que estas propuestas podrían tener “graves consecuencias socioeconómicas, directas e indirectas” para los municipios y vecinos del Alto Guadiana.