El gerente de LABORVALÍA y presidente de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), Alfonso Gutiérrez Caballero, ha participado en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde ha reclamado una regulación definitiva de los Servicios de Empleo con Apoyo como un derecho efectivo para las personas con discapacidad.

Durante su intervención, Gutiérrez ha explicado que la AESE agrupa actualmente a más de un centenar de entidades de toda España y que, en los últimos años, se han generado oportunidades laborales para más de 80.000 personas con discapacidad. Además, ha destacado que para LABORVALÍA supone “un auténtico honor” representar a la asociación y trasladar al Congreso la realidad del trabajo que desarrollan los profesionales de la provincia de Ciudad Real en favor de la inclusión laboral.

El responsable de LABORVALÍA también ha puesto en valor el esfuerzo de las entidades y preparadores laborales que trabajan en territorios afectados por la dispersión geográfica y la denominada “España vaciada”, donde —ha señalado— resulta todavía más complejo generar oportunidades de empleo inclusivo.

Defensa del empleo con apoyo

En su comparecencia, Alfonso Gutiérrez ha defendido el empleo con apoyo como “la metodología más eficaz” para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en empresas ordinarias, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

“El empleo con apoyo no es sólo la consecución de un contrato”, ha señalado, recordando que este modelo incluye procesos de formación, capacitación, adquisición de habilidades, apoyos individualizados, trabajo con las familias y acompañamiento en el mantenimiento del puesto de trabajo.

Asimismo, ha realizado una reflexión crítica sobre el actual sistema de financiación, alertando de que durante años se ha priorizado un modelo centrado únicamente en el número de inserciones laborales logradas, frente a otro basado en un servicio especializado e integral adaptado al proyecto de vida de cada persona.

Propuestas trasladadas al Congreso

Entre las principales medidas planteadas ante la Comisión destacan la mejora y estabilidad de la financiación de los servicios especializados, el refuerzo de oportunidades laborales en el medio rural y la reducción de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas ordinarias, pasando de las actuales plantillas de 50 trabajadores a empresas de 30 empleados.

Gutiérrez ha concluido haciendo un llamamiento a las administraciones públicas, al tejido empresarial y al movimiento asociativo para avanzar hacia un modelo laboral “más inclusivo, abierto y centrado en las capacidades de las personas”.