Castilla-La Mancha

Rodrigo destaca la protección al consumidor como eje clave de la Agenda Europea 2030

La directora general de Asuntos Europeos alerta en Toledo sobre los riesgos digitales y el fraude con IA

La Voz | Miércoles, 20 de Mayo del 2026
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado este martes que la protección de los consumidores constituye una prioridad transversal en la normativa de la Unión Europea, especialmente en los entornos digitales y ante los riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial. Así lo ha señalado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, durante la inauguración de la Jornada de Políticas Locales de Consumo celebrada en Toledo, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La jornada, organizada en la Escuela Regional de Administración, ha reunido a técnicos de consumo y representantes municipales de toda Castilla-La Mancha. Rodrigo ha inaugurado el encuentro junto al secretario general de la Federación de Municipios y Provincias, Fermín J. Cerdán, subrayando que la Unión Europea integra la protección al consumidor en cualquier tipo de normativa que desarrolla.

Especial atención al fraude con IA

Rodrigo ha advertido de que el crecimiento del comercio electrónico y el avance de las nuevas tecnologías obligan a reforzar los mecanismos de defensa de los consumidores frente a prácticas fraudulentas vinculadas a la IA. En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea trabaja actualmente en una futura ‘Ley de Equidad Digital’ destinada a reforzar la protección frente a técnicas como los llamados “patrones oscuros”, que manipulan a los usuarios para provocar suscripciones no deseadas o la cesión de datos personales.

Asimismo, la nueva normativa europea pretende actuar contra los diseños adictivos de páginas web y productos digitales, considerados perjudiciales para los consumidores.

Papel de los ayuntamientos y técnicos de consumo

La directora general también ha valorado la labor de los agentes locales y los técnicos de consumo para trasladar la normativa europea a los territorios y detectar posibles prácticas desleales o fraudulentas.

Según ha recordado, muchas de estas conductas ya aparecen recogidas en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, donde se consideran prácticas comerciales desleales prohibidas por los perjuicios económicos y financieros que pueden ocasionar a los consumidores.

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