El colectivo ha presentado ante el Congreso de los Diputados la campaña “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna”, aprovechando la visita de Bad Bunny a España, junto a un documento en el que analiza las políticas públicas de vivienda y reclama actuaciones “más ambiciosas” para frenar la crisis habitacional.

Entre las principales demandas, Amnistía Internacional pide aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La organización sostiene que España atraviesa una “crisis estructural” del derecho a la vivienda y aporta varios indicadores. Según sus datos, el parque social de alquiler representa apenas el 1,71%, frente al 9% de media de la Unión Europea, mientras que la inversión pública en vivienda alcanza el 0,5% del PIB, lejos del 1,2% europeo. Además, cifra en más de 600.000 los desalojos registrados entre 2013 y 2025.

La entidad también alerta del incremento de los precios de la vivienda y de los alquileres temporales, así como del retraso en la emancipación juvenil, que supera los 30 años en España. Asimismo, denuncia la situación de desprotección de quienes viven en habitaciones alquiladas y la discriminación residencial que sufren determinados colectivos.

Algunos avances y varios retrocesos

Amnistía Internacional valora algunos aspectos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, como el incremento de la inversión pública, la apuesta por ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables. Sin embargo, considera que el plan sigue siendo “poco ambicioso” y critica que incluya criterios de acceso ligados a la nacionalidad, residencia legal o empadronamiento.

La organización también ve con preocupación las recientes votaciones del Congreso que han impedido prorrogar la moratoria de desahucios, limitar las subidas interanuales de alquileres o ampliar los contratos de arrendamiento. Además, muestra su rechazo a distintas propuestas legislativas que, según denuncia, podrían facilitar desalojos rápidos sin suficientes garantías para personas vulnerables.

Ocho medidas urgentes

Entre las ocho recomendaciones planteadas por Amnistía Internacional figuran la aprobación de nuevas prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler, la inclusión de los alquileres de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el aumento de las ayudas de emergencia para evitar desalojos y un mayor esfuerzo económico para ampliar la vivienda social.

La organización también reclama fórmulas más ágiles para incrementar la oferta de vivienda asequible, priorizando la adquisición de inmuebles ya existentes frente a la nueva construcción, así como garantizar que ningún desalojo desemboque en situaciones de sinhogarismo.