Según ha informado VOX en una nota de prensa, Blázquez defendió una postura favorable al desarrollo industrial y a las inversiones capaces de generar empleo en el medio rural, aunque criticó la gestión realizada por el Gobierno regional en relación con estas infraestructuras energéticas. El parlamentario aseguró que el problema no reside en la tecnología del biometano, sino en la ausencia de una planificación previa que ordene la implantación de los proyectos y evite conflictos sociales en los municipios afectados.

Cinco principios para la implantación de plantas

Durante su intervención, el diputado regional señaló que localidades como Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava o Manzanares han registrado controversias vecinales relacionadas con este tipo de instalaciones. A su juicio, estas situaciones reflejan una falta de previsión y diálogo por parte de la Administración autonómica.

Blázquez defendió cinco criterios para regular la implantación de las plantas de biometano: una planificación comarcal, el respeto a la voluntad de los municipios, la vinculación de los proyectos a necesidades reales del territorio, el establecimiento de distancias adecuadas respecto a los núcleos de población y una mayor transparencia sobre materias primas, emisiones e impacto ambiental. Asimismo, sostuvo que los vecinos deben disponer de toda la información necesaria sobre las instalaciones previstas en su entorno.

El parlamentario también expresó su rechazo a que Castilla-La Mancha pueda convertirse, según sus palabras, en un “vertedero energético” al servicio de otros territorios y criticó la expansión de determinadas infraestructuras energéticas sobre suelo agrícola productivo. En este sentido, alertó de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener algunos proyectos sobre la actividad agraria, el paisaje y la fijación de población en las zonas rurales.

Vivienda juvenil y servicios en el medio rural

Durante la comparecencia, Luis Blázquez también abordó otras cuestiones relacionadas con el mundo rural. Entre ellas, criticó la gestión de la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes, denunciando la inseguridad jurídica generada, según afirmó, por los anuncios realizados por la Junta de Comunidades y las dificultades posteriores encontradas por algunos beneficiarios.

Asimismo, reclamó una mayor atención a las comunicaciones y a los servicios básicos en los municipios rurales, defendiendo el mantenimiento de centros emisores y repetidores de televisión para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos entre los habitantes de las ciudades y los de las localidades más pequeñas de Castilla-La Mancha.