Según ha informado la Guardia Civil, los investigados son los administradores de una empresa de transporte y varios conductores que utilizaban tarjetas de tacógrafo pertenecientes a otras personas para ocultar los tiempos reales de conducción. El objetivo era simular los descansos reglamentarios y poder seguir trabajando al día siguiente sin respetar los períodos mínimos establecidos por la normativa.

Un sistema para sortear los controles

La investigación reveló que los conductores empleaban habitualmente dos tarjetas de tacógrafo. Durante el trayecto de ida utilizaban la suya propia y, en el regreso, recurrían a la de otro conductor o a las pertenecientes a los administradores de la empresa. De este modo, el sistema registraba falsamente los tiempos de descanso mientras el trabajador seguía al volante.

La Guardia Civil señala que la empresa disponía de más vehículos que conductores contratados, circunstancia que habría favorecido el uso de este método para mantener la actividad de los autocares y eludir las inspecciones realizadas por los agentes de tráfico en carretera.

Durante la operación se llevaron a cabo dos entradas y registros en la sede de la empresa y en las instalaciones donde se guardaban los vehículos, con el fin de localizar documentación y archivos que acreditaran la comisión de los delitos investigados.

Posibles penas de prisión

La Guardia Civil recuerda que el delito continuado de falsedad documental puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas económicas. Asimismo, subraya que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció en una sentencia de 2020 que la manipulación fraudulenta del tacógrafo constituye un delito de falsedad en documento oficial, al considerarse este dispositivo un documento oficial a efectos penales.

En la investigación han colaborado la Subdirección General de Inspección de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, así como efectivos del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha y de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. La operación permanece abierta.