El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,5 millones de euros en 2026 a favorecer la incorporación al mercado laboral ordinario de personas con discapacidad, capacidad intelectual límite y personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno y anunciada este miércoles por la portavoz regional, Esther Padilla, incluye ayudas para la contratación indefinida, la adaptación de puestos de trabajo y el acompañamiento profesional en el entorno laboral, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Padilla ha destacado que el objetivo es eliminar barreras que dificultan el acceso al empleo y garantizar que las personas con mayores dificultades de inserción puedan desarrollar su actividad laboral en igualdad de condiciones. La portavoz ha subrayado que el acceso a un trabajo proporciona autonomía y dignidad, y ha defendido la necesidad de impulsar políticas específicas para combatir una brecha laboral que sigue siendo significativa.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4 por ciento, frente al 78,5 por ciento registrado entre las personas sin discapacidad.

Más colectivos beneficiarios y ayudas a la contratación

Una de las principales novedades del decreto es la inclusión expresa de las personas con TEA y de aquellas con capacidad intelectual límite, incluso cuando no tengan reconocida oficialmente una discapacidad. La medida es fruto del trabajo desarrollado entre el Gobierno regional y la Federación Regional de Autismo.

El nuevo decreto se estructura en cuatro líneas de ayuda. La principal, dotada con 1,25 millones de euros, está destinada a fomentar la contratación indefinida, incluida la modalidad de fijo discontinuo, así como la conversión de contratos temporales en indefinidos.

Las subvenciones alcanzarán los 8.000 euros por la contratación de hombres y los 8.500 euros en el caso de mujeres, siempre que se trate de contratos a jornada completa. El Ejecutivo regional justifica esta diferencia para incentivar el acceso al empleo de las mujeres, que presentan mayores dificultades de inserción laboral.

La segunda línea, con una dotación de 75.000 euros, permitirá financiar la adaptación de puestos de trabajo mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la adquisición de tecnologías accesibles, la adaptación de maquinaria o la prestación de servicios de interpretación en lengua de signos, entre otras actuaciones.

Otra partida de 75.000 euros estará destinada a facilitar la incorporación al mercado ordinario de personas procedentes de enclaves laborales vinculados a centros especiales de empleo, mientras que una cuarta línea, dotada con 125.000 euros, financiará los costes del personal preparador laboral encargado de acompañar a los trabajadores en su integración y adaptación dentro de la empresa.

Implicación del tejido empresarial y actuación en una residencia de Toledo

Las ayudas podrán ser solicitadas por empresas privadas, personas autónomas, cooperativas, sociedades laborales, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades privadas sin ánimo de lucro, con el objetivo de implicar al conjunto del tejido productivo y social en la inclusión laboral.

La medida forma parte de la Estrategia Regional por el Empleo 2023-2027, en la que el empleo inclusivo concentra uno de cada tres euros de inversión previstos por el Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, la portavoz regional también informó de que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del encargo realizado a TRAGSA para ejecutar, por la vía de emergencia, obras de reparación en la red de saneamiento de la residencia de mayores de Santa María de Benquerencia, en Toledo. La actuación contará con una inversión superior a 2,2 millones de euros y busca garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y evitar riesgos derivados del deterioro detectado en la infraestructura.