Hay algo profundamente revelador en viajar por España y comprobar hasta qué punto un mismo país puede contener tantas identidades, tantos relatos y tantas formas distintas de entenderse a sí mismo. Te vas a Asturias y descubres un nacionalismo asturiano que quizá no tiene una representación política comparable a otros movimientos, pero que existe, que reivindica sus símbolos, su lengua, su historia y su identidad; llegas a León y encuentras otra reivindicación territorial, no necesariamente planteada como una cuestión de rechazo a España, sino como la voluntad de diferenciar una identidad leonesa dentro de una realidad castellano-leonesa que no todos sienten como propia; aparece el Bierzo, con su particular personalidad, y después Madrid, esa capital del reino que algunos entienden fundamentalmente como una construcción administrativa y otros como la consecuencia histórica de una determinada concepción centralista del Estado. Y entonces uno empieza a preguntarse si aquellos antiguos señores feudales no han desaparecido del todo, sino que simplemente han cambiado el caballo por el coche oficial, la armadura por el traje y la espada por el poder institucional. Porque, en el fondo, la disputa por el territorio, por los recursos, por la identidad y por la capacidad de decidir sobre los demás sigue estando ahí, aunque ahora se articule mediante partidos, parlamentos, administraciones y estructuras de poder mucho más sofisticadas. 

Y mientras discutimos sobre banderas, identidades, territorios y capitales, hay otra fractura que avanza silenciosamente y que quizá sea mucho más determinante para la vida cotidiana de millones de personas: la económica. Durante años hemos hablado de reducir la brecha entre ricos y pobres como si fuera una anomalía que una sociedad desarrollada acabaría corrigiendo inevitablemente, pero la realidad parece caminar en sentido contrario. La brecha no tiende necesariamente a cerrarse; tiende a abrirse y a expandirse. Quien tiene patrimonio ha podido invertir, ahorrar, contratar productos de previsión, construir una jubilación complementaria y disponer de una propiedad que, llegado el caso, puede convertirse incluso en una fuente de liquidez. Quien no tiene patrimonio depende fundamentalmente de su salario. Y aquí conviene decir trabajador común sin ningún sentido peyorativo: común porque es la mayoría, porque es quien se levanta temprano, quien cumple su jornada, quien sostiene empresas, servicios, administraciones y hogares, quien paga sus impuestos y quien, muchas veces, llega a casa sin entender muy bien cómo puede haber trabajado tanto y seguir teniendo tan poco margen. 

En una sociedad que se presenta como moderna y avanzada, tener un horario razonable de lunes a viernes, descansar cuando corresponde y cobrar alrededor de dos mil euros al mes puede llegar a considerarse casi un privilegio. Y no porque ese salario sea extraordinario, sino porque hemos rebajado tanto las expectativas que la normalidad empieza a parecer éxito. El autónomo, mientras tanto, continúa trabajando de sol a sol y descubriendo que facturar no significa necesariamente ganar, porque entre impuestos, cotizaciones, gastos, suministros y obligaciones administrativas existe una distancia considerable entre lo que entra y lo que finalmente queda. Y cuando llega la jubilación aparece otra paradoja: si los precios han subido durante décadas, revalorizar una pensión siguiendo el IPC puede evitar que pierda poder adquisitivo respecto al año anterior, pero no resuelve necesariamente el problema estructural de quien ha llegado a esa etapa de la vida sin patrimonio suficiente para complementar sus ingresos. 

Y todavía hay una generación que vive en una especie de sala de espera permanente. Jóvenes a los que se les pide formación, idiomas, experiencia, movilidad, flexibilidad y disponibilidad, pero que pueden permanecer precarizados hasta bien entrada la treintena. Jóvenes que, cuando finalmente consiguen cierta estabilidad, descubren que el siguiente paso —ese que durante décadas parecía casi automático— ya no lo es. Una pareja joven que consigue sumar dos salarios de unos dos mil euros mensuales puede sentirse razonablemente afortunada. Son cuatro mil euros que entran en la unidad familiar y, sobre el papel, parecen una base sólida para construir una vida. Pero entonces llega la vivienda. Trescientos mil euros no son una cifra extravagante en determinados mercados inmobiliarios; son una realidad para quien intenta comprar una vivienda sin haber heredado una. Y entonces empieza la verdadera carrera: hipoteca, intereses, notaría, registro, gestoría, impuestos, gastos municipales y autonómicos, suministros, alimentación y todo aquello que hace que el precio real de una vivienda sea considerablemente superior al que aparece en el escaparate. 

Y uno se pregunta qué queda entonces de aquel viejo contrato social según el cual estudiar, trabajar, ahorrar y comportarse responsablemente debía conducir, con mayor o menor esfuerzo, a una vida estable. Porque si dos personas con formación, empleo, capacidad de ahorro y voluntad de construir un proyecto común necesitan comprometer una parte enorme de sus ingresos durante décadas para acceder a una vivienda, mientras quienes ya poseen varias propiedades contemplan esa misma vivienda como un activo más de su patrimonio, estamos ante algo más profundo que una simple subida de precios. Estamos ante un cambio en las reglas de acceso a la clase media. Y cuando además llegan los hijos, la ecuación se vuelve todavía más difícil. Tener descendencia, que debería ser una decisión personal y vital, puede convertirse para muchas familias en una operación económica que obliga a calcular guarderías, colegios, alimentación, vivienda, transporte, conciliación y todo aquello que supone criar a una persona en una sociedad cada vez más cara. 

Mientras tanto, seguimos discutiendo apasionadamente sobre territorios, identidades y viejas heridas históricas, y quizá deberíamos preguntarnos si no estamos utilizando esas grandes discusiones para evitar mirar de frente otras cuestiones mucho más incómodas. Porque España tiene muchos problemas territoriales, pero también tiene un problema de acceso a la vivienda, de productividad, de salarios, de precariedad, de envejecimiento, de desigualdad patrimonial y de expectativas. Y ninguna bandera paga una hipoteca. Ninguna identidad territorial llena la cesta de la compra. Ningún discurso político consigue que un salario de dos mil euros compre hoy lo mismo que compraba hace décadas. El ciudadano puede sentirse profundamente español, catalán, asturiano, leonés, andaluz, vasco o de cualquier otro lugar y, al mismo tiempo, tener exactamente la misma preocupación cuando llega el recibo de la luz o cuando mira el precio de una vivienda. 

Quizá por eso resulta tan llamativo que sigamos reproduciendo determinadas nostalgias políticas mientras olvidamos lo que realmente significaron algunas etapas de nuestra historia. Existe una tendencia cada vez más preocupante a idealizar el franquismo desde una memoria construida a posteriori, como si aquellos cuarenta años hubieran sido simplemente una época de orden, trabajo y tranquilidad. Pero no hubo ningún esplendor que pueda borrar la ausencia de libertades, la represión política, la censura, la persecución de la disidencia, la desigualdad social y el aislamiento internacional de buena parte de aquel periodo. Que hubiera trabajo no convierte una dictadura en una democracia; que algunas personas recuerden con nostalgia su juventud no transforma un régimen autoritario en un modelo de convivencia. Y resulta especialmente paradójico que generaciones que no conocieron aquella realidad puedan terminar heredando una versión sentimental y simplificada de ella, construida a partir de recuerdos familiares, consignas o relatos políticos. 

España salió de aquella oscuridad precisamente porque decidió abrirse, modernizarse, democratizarse y mirar hacia Europa. Lo hizo con enormes dificultades, contradicciones y errores, pero también con una voluntad extraordinaria de construir algo diferente. Y quizá deberíamos recuperar precisamente esa capacidad de mirar hacia delante. Porque el problema no es que España tenga demasiadas identidades, sino que todavía no hemos encontrado una manera suficientemente inteligente de hacer que todas ellas puedan convivir dentro de un proyecto común. El problema no es que existan territorios que quieran reivindicar su historia, sino que esas reivindicaciones se conviertan en instrumentos permanentes de poder. Y el problema tampoco es que existan ricos; el problema aparece cuando la riqueza se convierte en una condición previa para poder acceder a aquello que debería ser alcanzable mediante el trabajo. 

Al final, la cuestión es mucho más sencilla y mucho más incómoda. Una sociedad verdaderamente moderna no debería medir su éxito por el número de personas que consiguen sobrevivir con dos salarios, ni por cuántos jóvenes consiguen independizarse después de los treinta, ni por cuántos trabajadores pueden permitirse comprar una vivienda después de hipotecar media vida. Debería medirlo por su capacidad para garantizar que quien trabaja, se forma, ahorra y cumple con sus obligaciones pueda construir un proyecto vital sin necesitar haber nacido con patrimonio. Porque quizá ese sea el verdadero fracaso que estamos empezando a normalizar: que hacer las cosas lo mejor posible ya no garantice vivir razonablemente bien. Y cuando una sociedad llega al punto en que una pareja joven con dos empleos estables tiene que sentirse afortunada simplemente por poder comprar una casa, quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos qué bandera queremos colocar en el balcón y empezar a preguntarnos qué país queremos dejar detrás de esa puerta.