VOX presentará un paquete de alegaciones al borrador de decreto sobre biometanización impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page, al considerar que el texto introduce excepciones y ambigüedades que, a su juicio, generan inseguridad jurídica y dejan en manos de la Junta de Comunidades decisiones relevantes sobre la ubicación y funcionamiento de estas instalaciones.

En un comunicado remitido este martes, 18 de agosto, la formación reclama que se establezcan mayores distancias respecto a núcleos urbanos, captaciones de agua, viviendas y otros espacios especialmente sensibles para garantizar, según sostiene, unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad.

VOX cuestiona las distancias y el control de los residuos

Entre los aspectos que la formación pretende modificar figura la distancia mínima respecto a captaciones de agua y embalses, que sitúa en 251 metros en el borrador analizado por VOX. El partido considera insuficiente esta separación por el posible riesgo de contaminación de los acuíferos.

También critica que los residuos resultantes del proceso puedan aplicarse en terrenos situados a un kilómetro de un núcleo urbano, mientras que para la instalación de la planta se contempla una distancia de dos kilómetros. A ello añade la ausencia, según VOX, de criterios relacionados con los vientos dominantes a la hora de establecer las distancias respecto a poblaciones y establecimientos hoteleros.

La formación considera también que el texto deja sin una protección específica frente a los olores a las viviendas aisladas, establecimientos hosteleros y alojamientos de turismo rural, al tiempo que no contempla compensaciones para estos casos.

VOX cuestiona además las previsiones relativas a la información sobre los residuos. Según el comunicado, el borrador permitiría limitar el acceso al volumen y procedencia de estos materiales alegando razones de «secreto industrial», lo que, a juicio del partido, dificultaría la fiscalización por parte de los grupos políticos.

Reclama inspecciones públicas y respeto a los ayuntamientos

Otro de los puntos señalados por VOX es la gestión de la vigilancia y custodia de las instalaciones, que, según denuncia, podría quedar en manos de empresas externas. La formación reclama que las labores de inspección y control ambiental permanezcan bajo responsabilidad pública.

El partido también alerta sobre mecanismos como la declaración de Proyecto Prioritario, el Interés Regional o los Planes de Singular Interés, que considera vías capaces de facilitar excepciones a las normativas municipales y a las distancias mínimas previstas.

Por todo ello, VOX reclama paralizar la tramitación del decreto y elaborar un nuevo marco regulatorio que garantice la trazabilidad de los residuos, mantenga las inspecciones bajo control público y preserve la autonomía de los ayuntamientos en la regulación de estas instalaciones.