El proyecto de centro de datos para inteligencia artificial previsto en Tomelloso forma parte de una cartera de ocho grandes instalaciones cuya viabilidad es cuestionada por una investigación de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha. El análisis, difundido este miércoles, detecta carencias y dudas sobre la situación técnica, urbanística, ambiental y financiera de varios de estos proyectos, además de posibles discrepancias entre su grado real de tramitación y la información comunicada a potenciales inversores.

El estudio se centra en el entramado empresarial formado por Blackberry AIF (BAIF) y la compañía estadounidense EdgeMode Inc., que han alcanzado acuerdos para desarrollar ocho centros de datos hasta la fase denominada Ready-to-Build (RTB), momento en el que los proyectos estarían preparados para su construcción y eventual venta a terceros.

La cartera incluye instalaciones en Tomelloso, Vianos (Albacete), Mora y Villasequilla (Toledo), Córdoba, Torrecampo (Córdoba), Cáceres y Tocumen (Panamá). Según la documentación analizada por Ecologistas en Acción, varios de ellos se encuentran todavía en fases administrativas iniciales y presentan condicionantes que podrían comprometer su desarrollo.

Tomelloso, uno de los ocho emplazamientos analizados

El proyecto de Tomelloso aparece incorporado a la cartera mediante una adenda al acuerdo entre BAIF y EdgeMode. El comunicado sitúa la iniciativa dentro del conjunto de proyectos que ambas compañías pretenden llevar hasta la fase RTB, aunque la investigación no aporta en este documento el mismo nivel de detalle técnico y administrativo sobre Tomelloso que el recogido para otros emplazamientos, especialmente el de Vianos.

Por ello, las principales conclusiones del informe deben entenderse en el contexto del conjunto de la cartera. La organización considera necesario comprobar de manera independiente la situación urbanística, ambiental y energética de cada proyecto antes de asumir como acreditadas las previsiones anunciadas por sus promotores.

El caso que desencadenó la investigación fue precisamente el proyecto Data Center Vianos AI, en Albacete, que según el análisis es el que presenta un mayor grado de avance administrativo dentro de la cartera.

La instalación de Vianos contempla una demanda informática de 300 MW, 60 MW de autoconsumo fotovoltaico y una central térmica propia compuesta por seis turbinas de gas de 62 MW, además de otras dos unidades.

El informe identifica en este emplazamiento varios obstáculos relevantes. La red de gas de alta presión se encontraría a más de 80 kilómetros y, según la investigación, no existiría en el entorno una infraestructura eléctrica de alta tensión suficiente para sustituir el suministro previsto mediante gas. También se señalan problemas de disponibilidad de agua durante los meses estivales.

A estas dificultades se añaden el carácter rústico del suelo, posibles afecciones sobre bienes de dominio público, la proximidad a una torre declarada Bien de Interés Cultural y una posible interferencia con el trazado previsto de la A-32. La documentación cartográfica analizada recoge además la presencia del antiguo ferrocarril Baeza-Utiel, un camino y varios cauces de dominio público hidráulico.

Mora y otros proyectos también presentan incertidumbres

La investigación también analiza el centro de datos proyectado en Mora (Toledo), que en julio de 2026 se encontraba, según la documentación examinada, en fase de consultas ambientales preliminares. El informe identifica cursos de agua, caminos históricos, terrenos forestales y posibles afecciones sobre avifauna esteparia.

En los proyectos de Córdoba y Torrecampo, la organización apunta igualmente a diferentes condicionantes. En Córdoba se describe una parcela rústica con desniveles importantes, una vaguada y dificultades de acceso, mientras que en Torrecampo el proyecto ocuparía parcelas dispersas atravesadas por numerosos caminos y, según el informe, no tendría un gasoducto próximo. En el caso de Cáceres, la investigación señala que todavía está pendiente de obtener información adicional.

El análisis pone además el foco en el modelo energético planteado para las instalaciones. Según el documento, los centros de datos proyectados obtendrían buena parte de su energía mediante generación propia con gas natural, mientras que la aportación renovable sería limitada.

Los autores consideran que este modelo podría entrar en conflicto con las políticas de descarbonización y acabar haciendo necesaria una conexión a la red eléctrica de alta tensión. La disponibilidad de capacidad eléctrica constituye, precisamente, uno de los principales condicionantes para este tipo de instalaciones.

Millones de dólares comprometidos en el desarrollo

La investigación reconstruye también los acuerdos económicos suscritos entre Blackberry AIF y EdgeMode. Ambas compañías firmaron su primer Memorando de Entendimiento el 15 de octubre de 2025 y posteriormente constituyeron DC Estate Solutions Cayman Limited, una sociedad domiciliada en las Islas Caimán destinada a agrupar los proyectos y facilitar su futura venta cuando alcanzaran la fase RTB.

Un acuerdo posterior, firmado en enero de 2026, elevó hasta el 49,9 % la participación de BAIF en esa sociedad e incorporó nuevos pagos y financiación para el desarrollo de los proyectos. Una adenda posterior añadió a la cartera los emplazamientos de Villasequilla, Tomelloso y Tocumen.

Según la documentación analizada, BAIF habría recibido inicialmente 500.000 dólares y tendría comprometidos otros 11,15 millones de dólares para los proyectos, además de opciones sobre cientos de millones de acciones de EdgeMode.

La situación económica de la compañía estadounidense constituye otro de los elementos destacados por la investigación. Según las cifras de su informe anual de 2025 recogidas en el documento, EdgeMode presentaba a 31 de diciembre un patrimonio neto negativo de 18,8 millones de dólares, mientras que su pasivo corriente superaba en 19,6 millones al activo corriente.

El informe de auditoría planteaba además dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar operando bajo el principio de empresa en funcionamiento.

La investigación señala igualmente que una parte importante de la financiación de EdgeMode se realizó mediante pagarés convertibles en acciones. Durante 2025, el número de acciones ordinarias en circulación se habría multiplicado por 7,67.

Ecologistas pide comprobar la situación real de los proyectos

Entre las cuestiones que el informe considera necesario esclarecer figura la presentación de Blackberry AIF como fondo de inversión alternativo y de su responsable como gestor de activos sin que, según la investigación, conste la correspondiente habilitación de la CNMV.

El documento plantea también la posible existencia de información relevante sobre los proyectos que no habría sido trasladada a EdgeMode, así como discrepancias entre la situación administrativa real de algunas instalaciones y determinadas comunicaciones realizadas ante la SEC estadounidense o dirigidas a inversores.

La investigación contempla incluso como hipótesis una posible dinámica de pump and dump relacionada con la cotización de EdgeMode, al observar repuntes coincidentes con anuncios de grandes proyectos de centros de datos seguidos posteriormente de nuevas caídas. El propio informe deja claro que esta posibilidad está pendiente de acreditar y no constituye un hecho probado.

Ecologistas en Acción considera que el actual auge de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, unido a sus elevadas necesidades energéticas y a la escasez de puntos de conexión, puede aumentar el valor de los emplazamientos y favorecer la comercialización de proyectos antes de que su viabilidad esté plenamente acreditada.

La organización reclama, por ello, extremar la diligencia antes de realizar inversiones o asumir como definitivas las previsiones de los promotores. En el caso de la cartera analizada, sostiene que debe comprobarse de forma independiente la situación urbanística, ambiental, energética y financiera de cada iniciativa.

El comunicado advierte finalmente de que las posibles irregularidades mencionadas proceden de las hipótesis y conclusiones de la investigación y no implican por sí mismas la existencia de infracciones administrativas o delitos probados. Su eventual determinación correspondería a los organismos reguladores y, en su caso, a los tribunales competentes.