Las organizaciones profesionales y sindicales vinculadas al periodismo han presentado este 8 de septiembre un manifiesto conjunto para exigir el fin de las agresiones, amenazas, acoso y señalamiento de periodistas durante el ejercicio de su trabajo. El documento, titulado En defensa de la profesión periodística y del derecho a la información, reclama a los poderes públicos que garanticen la seguridad de los profesionales de la información y de los equipos técnicos que los acompañan.

La iniciativa parte de una preocupación compartida por las entidades firmantes ante los episodios de insultos, persecuciones, amenazas y agresiones que sufren periodistas, fotoperiodistas, cámaras y otros trabajadores de los medios mientras cubren manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias y otros acontecimientos de interés público.

El manifiesto defiende que garantizar la seguridad de quienes informan supone también proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información. Las organizaciones recuerdan que la libertad de información constituye un derecho constitucional y humano y una condición necesaria para el funcionamiento democrático.

Reclaman el fin del señalamiento personal

Las entidades firmantes piden a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que condenen de forma inequívoca cualquier agresión contra profesionales de los medios y que abandonen las estrategias de señalamiento personal.

El documento considera especialmente preocupante que determinados grupos políticos conviertan a periodistas concretos en adversarios personales o recurran a calificativos como «terrorista» para referirse a profesionales que están desarrollando su labor. Según advierte el manifiesto, este tipo de comportamientos puede generar un clima de hostilidad susceptible de derivar en situaciones de acoso y, posteriormente, de violencia.

Las organizaciones distinguen entre la crítica al trabajo periodístico y las conductas destinadas a intimidar a quienes lo ejercen. Los profesionales pueden ser cuestionados por sus informaciones y deben responder por los errores que puedan cometer, pero, subrayan, «una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión».

Más protección durante las coberturas de riesgo

El manifiesto reclama también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen que periodistas y equipos técnicos puedan desarrollar su trabajo con seguridad, especialmente durante manifestaciones, disturbios y otros escenarios de tensión.

Las entidades consideran necesario reforzar la vigilancia y protección de los profesionales de la información y de los equipos de radio y televisión que participan en las coberturas. Su identificación como trabajadores de un medio, señalan, puede convertirlos en objetivos de hostigamiento.

También solicitan que las amenazas, coacciones y agresiones contra periodistas sean investigadas con diligencia y que sus responsables respondan ante la ley. El manifiesto advierte de que la impunidad no perjudica únicamente a la persona agredida, sino que puede transmitir al conjunto de la profesión la idea de que informar entraña un coste personal.

La declaración hace extensiva su defensa al conjunto de la sociedad y recuerda que proteger a los periodistas no implica compartir sus opiniones ni respaldar sus informaciones. Se trata, según las organizaciones firmantes, de preservar el derecho ciudadano a conocer lo que ocurre y garantizar la presencia de profesionales que puedan actuar como testigos de hechos de interés público.

El manifiesto reclama, además, unidad dentro del propio sector. Las organizaciones sostienen que la solidaridad ante una agresión no debe depender del medio, la empresa, el sindicato, la asociación o la ideología de la persona afectada, y plantean un compromiso común entre asociaciones profesionales, sindicatos, colegios de periodistas, comités de empresa y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.