La campaña de 2026 presenta, además, circunstancias particulares. En Castilla-La Mancha prevé una producción regional similar o incluso inferior a la del año anterior pese a la entrada en producción de nuevas hectáreas. Entre las causas señala la vecería natural del pistacho, especialmente acusada en la variedad Kerman, mayoritaria en la región, así como los problemas de polinización ocasionados por las elevadas temperaturas durante la floración. A ello se suma un contexto internacional igualmente relevante. Los principales países productores, entre ellos Estados Unidos e Irán, afrontan también reducciones significativas de sus producciones, circunstancia que configura un escenario de menor disponibilidad de producto en los mercados internacionales. "Este escenario debería constituir una oportunidad para el productor español. Sin embargo, existe el riesgo de que la posición negociadora del agricultor no permita trasladar adecuadamente al primer eslabón de la cadena el valor real del producto", alertan.

Precisamente por ello, resulta especialmente preocupante la advertencia formulada por organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha ante el comienzo de la campaña de comercialización. ASAJA, por ejemplo, ha anunciado una vigilancia activa de la evolución del mercado y de las operaciones de compra ante el riesgo de movimientos especulativos que puedan presionar los precios a la baja y perjudicar la rentabilidad de los productores. La situación resulta especialmente relevante porque el propio ordenamiento jurídico ya dispone de instrumentos para proteger al productor. La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece, entre otras obligaciones, que cuando el vendedor sea un productor primario el precio del contrato debe ser superior al coste efectivo de producción. Asimismo, exige que determinadas relaciones comerciales se formalicen por escrito y que el precio y sus condiciones sean claros, objetivos y verificables. "El problema no se resuelve simplemente con disponer de una Ley de la Cadena Alimentaria que, en la práctica, no está consiguiendo corregir los desequilibrios de la cadena ni garantizar una remuneración justa para agricultores y ganaderos. El Gobierno debe asumir que una norma que no evita la caída de los precios en origen, que no protege eficazmente al productor y que no consigue equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena necesita ser revisada y reforzada. Asimismo, el Gobierno ha de garantizar que la norma se cumple y se controla cuando sea necesario" estiman.

El sector necesita, por tanto, seguridad jurídica, transparencia, información de mercado y capacidad negociadora, pero también una Administración que ejerza eficazmente sus competencias. No sería aceptable que un cultivo emergente, que ha requerido importantes inversiones durante años antes de alcanzar su plena producción, termine viendo comprometida su viabilidad económica precisamente en el momento de su consolidación. Las decisiones que se adopten en materia de comercialización durante estos primeros años de consolidación del sector serán determinantes. Una política que permita una caída artificial o injustificada de los precios en origen puede poner en riesgo inversiones realizadas durante años y desincentivar nuevas inversiones y el relevo generacional.

 Los parlamentarios proponen para todo ello y entre otras medidas que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a reforzar de manera inmediata la vigilancia y las actuaciones de inspección de Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) durante la campaña de comercialización del pistacho de 2026, especialmente sobre las operaciones de primera compra, con el objeto de detectar y sancionar, cuando corresponda, prácticas comerciales contrarias a la Ley de la Cadena Alimentaria. También a garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de la Cadena Alimentaria, asegurando que los contratos de compraventa de pistacho cumplan las obligaciones legales relativas a su formalización, determinación del precio, condiciones de pago y respeto al coste efectivo de producción del agricultor. En este orden de cosas, también solicitan establecer mecanismos específicos de seguimiento de los precios en origen del pistacho durante la campaña 2026, con especial atención a posibles diferencias injustificadas entre la evolución de las cotizaciones internacionales, los precios de comercialización y el precio finalmente percibido por los productores españoles.

 "Pedimos impulsar, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y las entidades representativas del sector, medidas destinadas a mejorar la capacidad de negociación y comercialización de los productores de pistacho, favoreciendo la concentración de la oferta, la transparencia de las operaciones y el acceso de los agricultores a información fiable sobre precios y mercados", terminan.