Según informa Lanza, la intervención en la provincia de Ciudad Real se enmarca en la Operación PEREGRINAS, una investigación ampliada a partir de las pesquisas desarrolladas por la Policía Judicial en el ámbito nacional. El operativo se llevó a cabo de forma simultánea con actuaciones practicadas en Madrid.

El detenido sería titular de varias cuentas bancarias en las que habrían recibido transferencias procedentes de víctimas de las estafas. Los investigadores sostienen que actuaba tanto de forma individual como junto a otros integrantes de la organización, especialmente en operaciones relacionadas con la venta fraudulenta de entradas por Internet.

Una vivienda de Tomelloso utilizada como centro de operaciones

Durante el registro del inmueble, los agentes localizaron material informático que habría sido utilizado para ejecutar las estafas a través de Internet. La investigación también detectó mecanismos destinados a ocultar la identidad de los autores y dificultar el seguimiento de su actividad digital mediante servidores e IP falsas.

La operación nacional ha permitido identificar hasta el momento a 146 víctimas en distintas comunidades autónomas y ha dejado 44 detenidos. El perjuicio económico atribuido a la organización supera los 430.000 euros.

La investigación se inició en mayo de 2024, después de que una víctima denunciara una estafa de 0,5 bitcoins. El seguimiento de los fondos llevó a los investigadores hasta una estructura que, presuntamente, utilizaba criptoactivos para blanquear parte del dinero obtenido y dificultar su trazabilidad.

Falsos alquileres, entradas y llamadas de entidades bancarias

La organización empleaba distintos métodos de fraude, entre ellos campañas de ‘vishing’, falsos anuncios de alquiler de viviendas y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y otros eventos. También contaba con personas dedicadas a crear y gestionar páginas de ‘phishing’, así como con integrantes especializados en la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama y en la gestión de una red de ‘mulas bancarias’.

Los registros se practicaron en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real. En el conjunto de las actuaciones, la Policía Nacional intervino 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en unos 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB, además de otros efectos.