Nos hemos acostumbrado a hablar de los jóvenes desde una posición bastante cómoda: la de quienes observan sus comportamientos y los juzgan con las categorías de una sociedad que ya no existe. Les hemos puesto nombres —«generación de cristal», generación frustrada, generación que no tolera el esfuerzo— y hemos construido alrededor de ellos una explicación aparentemente sencilla: tienen menos tolerancia a la frustración, quieren resultados demasiado pronto y no están dispuestos a asumir los sacrificios que asumieron sus padres. Pero quizá antes de diagnosticar a toda una generación deberíamos preguntarnos qué es exactamente aquello que le estamos pidiendo que soporte. Porque una cosa es exigir esfuerzo a alguien que tiene delante un horizonte de posibilidades y otra muy distinta exigirle esfuerzo cuando, después de años de formación, preparación y trabajo, descubre que las condiciones materiales para construir una vida estable se han alejado considerablemente. La frustración no nace siempre de querer demasiado; en ocasiones nace de haber cumplido con aquello que se esperaba de uno y descubrir que, aun así, las reglas del juego han cambiado.

El problema se hace especialmente evidente cuando hablamos de jóvenes cualificados. Personas que han dedicado años a estudiar, que acumulan seis, siete o más años de formación y experiencia profesional y que, pese a ello, no necesariamente pueden plantearse la vida que durante décadas se consideró razonable para alguien con una profesión consolidada. La aspiración ya no tiene por qué ser comprar una vivienda o alcanzar una cierta estabilidad económica. En muchos casos empieza por algo mucho más elemental: poder pagar el lugar donde vivir. Veinticinco o treinta metros cuadrados pueden convertirse en una expectativa razonable; compartir piso deja de ser una solución provisional asociada a los años universitarios y se convierte en un modelo de vida que puede prolongarse hasta bien entrada la edad adulta. Se comparte con amigos, con la pareja, con compañeros de trabajo o, simplemente, con desconocidos que se organizan entre dos, tres o cuatro personas porque individualmente no pueden asumir el coste de una vivienda. Y lo más significativo no es que esto ocurra, sino que estamos empezando a aceptarlo como algo normal.

Durante mucho tiempo existió una expectativa social bastante sencilla. Una persona que llegaba aproximadamente a los veinticinco o treinta años, tenía una nómina estable y había adquirido una determinada cualificación podía aspirar a emanciparse y comenzar a construir un proyecto propio. Podía alquilar o comprar una vivienda, disponer de cierta capacidad de ahorro y, con mayor o menor dificultad, imaginar los siguientes pasos de su vida. No estamos hablando de una época idílica en la que todo el mundo viviera bien ni de negar las dificultades que existieron en otras generaciones. Estamos hablando de una expectativa de estabilidad. De la posibilidad de que el esfuerzo, la formación y el trabajo permitieran alcanzar determinadas condiciones materiales. Hoy esa relación parece haberse roto para una parte importante de la población. Y lo paradójico es que no podemos responsabilizar de ello a quienes ahora llegan a la edad adulta, porque ellos no han construido el mercado laboral, no han diseñado las políticas de vivienda, no han determinado el precio de los alquileres ni han decidido convertir progresivamente la vivienda en un elemento central de inversión financiera. Buena parte de este escenario es consecuencia de decisiones acumuladas durante décadas y, por tanto, también es responsabilidad de la sociedad que hemos construido.

La vivienda es probablemente el ejemplo más evidente de esa contradicción. Todos podemos reconocerla como una necesidad básica, pero acceder a ella puede exigir hoy unas condiciones económicas que se aproximan más a las de un bien de lujo. Y aquí aparece una pregunta que debería estar en el centro del debate: ¿cómo puede ahorrar para comprar una vivienda una persona que apenas consigue llegar a final de mes? La dificultad no empieza necesariamente con la hipoteca. Empieza mucho antes, cuando el alquiler absorbe una parte sustancial de los ingresos y deja poco margen para generar el ahorro necesario para una entrada y los gastos asociados a una compra. Se produce entonces una especie de círculo cerrado: no se puede comprar porque no se puede ahorrar y no se puede ahorrar porque hay que pagar una vivienda. Podemos discutir sobre salarios, productividad, fiscalidad o condiciones laborales, pero ninguna de esas discusiones puede ignorar una cuestión elemental: cuando el coste de acceder a una vivienda crece mucho más deprisa que la capacidad de ahorro de quien trabaja, la emancipación deja de depender exclusivamente del esfuerzo individual.

Tampoco resulta razonable convertir esta cuestión en una batalla simplista entre propietarios y quienes buscan vivienda. No todo propietario es un especulador. No es lo mismo una persona que ha heredado una vivienda y decide alquilarla, o alguien que dispone de dos inmuebles, que grandes estructuras de inversión que pueden adquirir paquetes de centenares de viviendas y tratarlas como activos financieros. Son realidades diferentes y requieren análisis diferentes. Precisamente por eso el debate debería ser mucho más serio que la búsqueda de un culpable genérico. Cuando la vivienda entra en una lógica financiera, el inmueble deja de ser exclusivamente el lugar donde vive una familia y pasa también a formar parte de una cartera de activos cuyo valor y rentabilidad se gestionan dentro de una estrategia de inversión. Al mismo tiempo, si la vivienda social resulta insuficiente para atender las necesidades existentes, una parte creciente de la población queda atrapada entre un mercado privado difícilmente asumible y un parque público que no tiene capacidad suficiente para absorber la demanda. La consecuencia es que aquello que debería constituir una condición básica para desarrollar una vida independiente termina convirtiéndose en una de las principales barreras para conseguirla.

Y entonces aparece una transformación todavía más profunda: los jóvenes empiezan a incorporar la posibilidad de marcharse a sus planes de futuro mucho antes de incorporarse plenamente al mercado laboral. En las aulas de Bachillerato ya no resulta extraño encontrar estudiantes que hablan de hacer una estancia internacional, estudiar fuera, aprender idiomas con una finalidad profesional concreta o buscar oportunidades académicas y laborales en otros países. No siempre hablan de viajar. Hablan de construir su futuro. Europa aparece como una puerta abierta y, para quienes cuentan con una buena formación y pueden desenvolverse profesionalmente en inglés u otras lenguas, la movilidad internacional puede convertirse en una estrategia vital. También quienes tienen una visión más vinculada a permanecer en España pueden plantearse qué provincia ofrece mejores oportunidades laborales, dónde pueden estudiar o dónde existe una combinación más favorable entre empleo, vivienda y posibilidades de emancipación. Es decir, incluso quienes no quieren marcharse al extranjero empiezan a asumir que quizá tendrán que marcharse de su ciudad, de su comarca o de su comunidad para encontrar las condiciones que necesitan.

Y aquí es donde la etiqueta de «generación de cristal» empieza a quedarse demasiado corta. Puede existir un cambio cultural en la forma en que los jóvenes afrontan la frustración, en sus expectativas, en su relación con el esfuerzo o en la manera en que interpretan determinadas dificultades. Pero sería demasiado sencillo convertir todas esas diferencias en un defecto generacional sin observar el contexto material en el que se producen. Una persona puede tener poca tolerancia a la frustración, pero también puede estar reaccionando a un entorno extraordinariamente incierto. Puede querer emanciparse demasiado pronto, pero también puede haber recibido durante años el mensaje de que estudiar, formarse, especializarse y trabajar permitiría construir una vida estable. Puede aspirar a determinadas condiciones materiales, pero también puede estar comprobando que aquello que antes se consideraba normal ahora resulta extraordinariamente difícil de conseguir. La frustración, por tanto, no siempre es consecuencia de unas expectativas excesivas; a veces es la consecuencia de la distancia entre lo que una sociedad promete y aquello que realmente está en condiciones de ofrecer.

Por eso también deberíamos revisar la manera en que hablamos de sus aspiraciones. Se les reprocha querer un coche nuevo, una vivienda propia, viajar o disfrutar de determinadas comodidades, como si el problema consistiera en que quieren vivir demasiado bien. Pero incluso si eliminamos todas esas aspiraciones y reducimos el objetivo a lo esencial, la dificultad permanece. No hace falta querer una vivienda de lujo para no poder pagar un alquiler. No hace falta querer un coche de alta gama para no tener capacidad de ahorro. No hace falta exigir una vida extraordinaria para querer disponer de un trabajo que permita emanciparse. El problema no es necesariamente que hayan aumentado las expectativas de consumo; es que, en determinados ámbitos, incluso las expectativas más básicas se han vuelto difíciles de alcanzar. Y cuando eso sucede durante años, resulta comprensible que una persona empiece a mirar hacia otros lugares donde las oportunidades profesionales y las condiciones materiales puedan encajar mejor con su proyecto de vida.

Hay además una consecuencia colectiva que quizá todavía no estamos valorando suficientemente. Una sociedad invierte enormes cantidades de recursos en formar a sus ciudadanos. Desde la educación obligatoria hasta la universidad, la formación profesional y la especialización posterior, existe una inversión pública y privada destinada a generar conocimiento, capacidades y profesionales. Si después de ese proceso una parte de esos profesionales considera que para desarrollar su carrera y construir una vida independiente debe marcharse, la cuestión deja de ser únicamente personal. Que alguien quiera trabajar en otro país porque desea conocer otras culturas o desarrollar una experiencia internacional es perfectamente normal en una sociedad abierta. Pero otra cosa muy diferente es que una persona empiece a contemplar la salida porque percibe que quedarse no le permite desarrollar unas condiciones mínimas de autonomía. La movilidad puede ser una oportunidad; que la salida se convierta en una necesidad percibida es otra cuestión.

Quizá por eso deberíamos dejar de utilizar la expresión «generación de cristal» como una explicación suficiente. Es demasiado fácil decir que los jóvenes son menos resilientes cuando no nos preguntamos qué les estamos haciendo resistir. Les pedimos que estudien más, que acumulen experiencia, que aprendan idiomas, que sean flexibles, que cambien de ciudad, que se adapten a un mercado laboral cambiante y que sean competitivos en una economía global. Pero al mismo tiempo les ofrecemos una vivienda cada vez más difícil de asumir, una capacidad de ahorro limitada y un horizonte de estabilidad que se retrasa cada vez más. Les exigimos movilidad y después nos sorprende que se marchen. Les pedimos formación y después comprobamos que otros países pueden beneficiarse de profesionales que hemos ayudado a formar. Les hablamos de esfuerzo y, cuando realizan ese esfuerzo, descubrimos que el premio ya no es necesariamente el que les habíamos prometido.

El problema, por tanto, no es simplemente que una generación tenga menos tolerancia a la frustración. El problema es que hemos construido un escenario en el que la frustración puede aparecer incluso después de haber hecho las cosas que se suponía que había que hacer. Estudiar, formarse, trabajar y adquirir experiencia ya no garantizan por sí mismos una vivienda, capacidad de ahorro o la posibilidad de construir un proyecto de vida independiente. Y cuando una sociedad convierte esas aspiraciones básicas en objetivos extraordinarios, corre el riesgo de confundir la adaptación de sus ciudadanos con la solución de sus problemas.

Quizá deberíamos dejar de preguntarnos por qué los jóvenes quieren marcharse y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo para que quieran quedarse. No porque debamos impedir que se vayan, ni porque marcharse sea un fracaso, sino porque una sociedad que ofrece oportunidades reales no debería necesitar que sus jóvenes renuncien a permanecer en ella para poder desarrollarse. El verdadero debate no está en decidir si quieren demasiado o si se frustran demasiado pronto. Está en saber si aquello que les estamos pidiendo —formación, esfuerzo, flexibilidad, experiencia y adaptación— guarda todavía alguna relación con aquello que pueden esperar recibir a cambio.

Porque una generación no abandona un lugar únicamente cuando cruza una frontera. También empieza a abandonarlo cuando, todavía viviendo en él, deja de imaginar allí su futuro.

Y quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: no por qué nuestros jóvenes quieren irse, sino qué hemos hecho para que quedarse haya dejado de parecerles una posibilidad.