Que hay que actuar para frenar la despoblación rural y favorecer el mantenimiento de nuestros pueblos es algo en lo que coinciden tanto quienes viven en ellos como quienes viven en entornos urbanos. 

Hay un pueblo en la meseta, como tantos, con ochenta habitantes empadronados. En agosto llegan más de cuatrocientas personas. Son los y las hijas y nietas de quienes se marcharon hace más de treinta o cuarenta años, han heredado la casa del pueblo y vuelven a las fiestas patronales, al cementerio, o simplemente cuando quieren reencontrarse con sus raíces. Ese pueblo mantiene todo el año la red de agua, el alumbrado, las calles, la recogida de basuras y los espacios públicos. Lo hace con un presupuesto calculado para ochenta personas. Lo disfrutan quinientas.

Ese municipio no recibe un euro más por ello. Y así es con miles de pueblos en toda España.

"El padrón mide quién duerme allí. No mide quién pertenece a allí."

Un sistema que no ve a la mitad de la comunidad

La financiación de los municipios españoles depende, en su parte más decisiva, del número de habitantes del padrón. La ley establece que el 75% de la participación estatal que recibe cada municipio se distribuye en función de esa cifra. El resto atiende al esfuerzo fiscal y a la capacidad tributaria, variables que tampoco reflejan lo que ocurre de verdad en muchos pueblos y que incluso penalizan a los más pequeños.

El resultado es estructuralmente injusto: el municipio que pierde vecinos en el padrón, pero mantiene viva su comunidad vinculada recibe cada año menos dinero para sostener exactamente los mismos —o más— servicios. No es un problema de gestión municipal. Es un fallo de diseño del sistema.

Los tributos propios —el impuesto sobre bienes inmuebles, las tasas de servicios como el agua o la basura— recaudan algo de quienes son titulares de las viviendas o se les prestan los servicios, sin tener en cuenta el padrón. Pero eso no cambia la ecuación fundamental: esa recaudación no mejora la posición del municipio en el reparto de la financiación estatal, que sigue mirando exclusivamente al padrón y financiando lo local con más ingresos por habitante cuantos más habitantes tiene el municipio o la ciudad.

EN CIFRAS

~7,5 millones de personas viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. Millones más mantienen un vínculo estacional o familiar con esos pueblos sin estar en el padrón del municipio.

~4.000 municipios en España tienen menos de 500 habitantes, casi la mitad del total. En Castilla-La Mancha, 257 de los 919 municipios no llegan a 100 personas empadronadas.

El vínculo que no figura en ningún registro

Los estudios sobre despoblación se centran habitualmente en quién se va y por qué. Hay una pregunta que también deberíamos hacernos: ¿qué queda de la relación entre esa persona y su pueblo de origen? ¿Cómo podemos reforzar esa relación en beneficio tanto de quienes se quedan como de quienes se fueron?

La respuesta, documentada por décadas de sociología rural, es que queda mucho. El vínculo con el lugar de origen es uno de los más persistentes que existen. La gente vuelve. Vuelve en verano, vuelve en Navidad, vuelve a las fiestas, vuelve cuando muere un familiar. El pueblo no es solo donde se nació: es a donde se pertenece.

A esta realidad le falta un nombre en las políticas públicas. El INE lo intentó en 2011, con el concepto de «población vinculada», pero lo aplicó solo a municipios de más de 10.000 habitantes —precisamente los que menos lo necesitan—. El o la habitante con vinculación del pequeño municipio rural sigue siendo invisible para el sistema. Y sin embargo existe: son las personas que, sin estar empadronadas, mantienen con el pueblo una relación estable y activa —de presencia periódica, de lazos familiares, de compromiso económico y social— y que lo sienten como parte esencial de su propia identidad.

Hay otro efecto que casi nunca se menciona: el que este vínculo produce sobre quienes sí se han quedado. Los y las vecinas que viven todo el año en el pueblo perciben con frecuencia que su municipio es ignorado por las administraciones y que quienes se fueron "ya no se acuerdan". Sin embargo, cuando ven que la fuente del lavadero se restaura gracias a las aportaciones no solo de quienes viven allí sino también de esa población con vinculación, familiares o no, que ya no residen en él, algo cambia. Se produce un reconocimiento mutuo que refuerza el arraigo, la autoestima colectiva y la voluntad de seguir. Ese efecto, difícil de cuantificar, pero determinante para la cohesión social, es tan importante como el dinero.

«Raíces que Sostienen»: una propuesta concreta

La propuesta que se presenta parte de una convicción: el cambio en la ley de financiación local no llegará por sí solo. Llegará cuando existan datos que lo hagan inevitable. Y esos datos hay que generarlos desde abajo, como ocurre con la toma de decisiones en los Grupos de Desarrollo Rural.

«Raíces que Sostienen» es una idea, un concepto a transformar en un proyecto de corresponsabilidad cívica. Su funcionamiento debe ser sencillo en su formulación: el ayuntamiento identifica un proyecto concreto y visible que muchas veces excede de sus competencias —la restauración de una fuente, la rehabilitación de la ermita de la patrona, la compra de un desfibrilador, la financiación de un evento cultural o festivo referente—. Lo publica con toda la información: objetivos, coste, plazo, responsable. Y abre una vía para que los y las habitantes con vinculación contribuyan voluntariamente a sacarlo adelante, a financiarlo.

Las aportaciones se canalizan a través de plataformas de micromecenazgo cívico ya operativas. Y permite una desgravación de hasta el 80% en el IRPF, amparada por la Ley de Mecenazgo. Quien contribuye recibe reconocimiento público y una «Carta de Vecino o Vecina con Vinculación». Las aportaciones son individuales, o familiares, las empresas también pueden participar con criterios de responsabilidad social corporativa. Y el ayuntamiento obtiene algo más valioso que el dinero: un registro documentado de quién pertenece a su comunidad real.

LO QUE NO ES ESTE PROGRAMA

No se trata de externalizar las obligaciones municipales. No es una exoneración del Estado de sus obligaciones con los territorios menos poblados. El mecanismo es explícitamente complementario a la financiación pública, y la propuesta incluye la prohibición expresa de que los fondos captados sirvan para reducir las transferencias estatales o autonómicas al municipio.

El argumento político que hay detrás

Si cientos de municipios ponen en marcha este registro, España tendrá por primera vez un dato sistemático y verificable sobre la brecha entre población padronal y comunidad real. Ese dato tiene un destino: la reforma del artículo 124 de la Ley de Haciendas Locales, para que la «población con vinculación registrada» sea una de las variables correctoras en el reparto de la financiación estatal.

La propuesta reclama tres cosas concretas al poder legislador: que se modifique esa ley para incorporar la figura de habitante con vinculación como variable de reparto, que se desarrolle su estatuto jurídico en la futura Ley del Pequeño Municipio, y que se habilite una línea de cofinanciación para los municipios que pongan en marcha estos programas. Nada de esto es utópico: el debate lleva años sobre la mesa. Lo que ha faltado es el método y el dato empírico que lo respalde.

Castilla-La Mancha tiene una posición de partida privilegiada para liderar esta iniciativa. Fue la primera comunidad autónoma en legislar específicamente frente a la despoblación, con la Ley de 2021. Sus Grupos de Desarrollo Rural cubren la práctica totalidad del territorio y son eficaces en la gestión de proyectos de promoción y de cooperación. En el II Foro de Desarrollo Rural, que celebramos hace unos días en Sigüenza, se abordó el tema de la población con vinculación y el micromecenazgo rural y fue recogido en el punto 11 del ‘Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural’. Este marco se ha convertido en el momento idóneo para lanzar el proyecto piloto. 

"Raíces que Sostienen no es solo un programa de micromecenazgo rural. Es un argumento empírico para la reforma de la financiación local. Cada euro aportado por una o un habitante con vinculación, cada compromiso manifestado, es también un dato que el sistema no puede ignorar."

El pueblo no ha desaparecido. Ha cambiado. Lo que existía como comunidad permanente existe ahora como comunidad distribuida: parte vive allí todo el año, parte vuelve en distintos momentos, parte contribuye desde lejos con su tiempo, su memoria y, si se le da la oportunidad, con su compromiso y su aportación, y ambos sostienen esa comunidad y se sostienen en ella.

El sistema de financiación local fue diseñado para una España que ya no existe. Actualizarlo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia territorial. Los pueblos no piden privilegios. Piden que el sistema los vea y los reconozca tal y como son.