La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha considera que la nueva Ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo, aprobada por las Cortes regionales el 22 de octubre, es un «parche» que no garantiza de forma suficiente el derecho a la vivienda. La organización critica que la norma proteja solo parcialmente el parque público, no ofrezca garantías adecuadas frente a los desalojos administrativos y no sustituya a la ley integral que, a su juicio, necesita la región.

La Plataforma valora positivamente que la ley contemple medidas para incrementar la vivienda social, como destinar edificios y parcelas públicas en desuso a vivienda protegida. Sin embargo, cuestiona que la protección permanente y la duración mínima de 50 años del régimen de alquiler se limiten a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, dejando fuera a buena parte del parque público autonómico.

Uno de los principales motivos de preocupación es la situación de las personas vulnerables que residen en viviendas públicas. Según denuncia la entidad, la regulación de los contratos de arrendamiento y cesión de uso permite que el impago de una cuota pueda justificar un desalojo sin valorar suficientemente las circunstancias personales, económicas y familiares de los afectados, incluida la presencia de menores.

La Plataforma también considera insuficiente la moratoria prevista para los casos excepcionales de marcado carácter social. Reclama que los procedimientos incorporen una evaluación individualizada, mecanismos de mediación y acompañamiento, coordinación entre administraciones y garantías de una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo.

Críticas a la política regional de vivienda

La organización sostiene que la nueva ley confirma las carencias de la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 de la Junta de Comunidades. Entre sus principales reivindicaciones figuran la regulación del mercado del alquiler, la ampliación del parque social y la garantía de una vivienda alternativa ante los desahucios.

En materia de alquiler, critica que la estrategia regional no contemple zonas tensionadas ni limitaciones de precios. Considera que el Gobierno autonómico prioriza el aumento de la oferta sin utilizar suficientemente las herramientas disponibles para facilitar el acceso a una vivienda.

Respecto al parque social, la Plataforma reconoce que la agenda incluye nuevas viviendas protegidas en alquiler, adquisición de inmuebles, movilización de viviendas vacías y financiación para alquiler asequible. No obstante, advierte de que la vivienda social representa solo el 1,66 % del parque residencial, una proporción que considera insuficiente.

También cuestiona que las viviendas calificadas como de alquiler asequible tengan rentas que parten de los 600 euros mensuales. La entidad señala que ese importe resulta inalcanzable para parte de la población, en un contexto en el que, según los datos que recoge, el 34 % de los habitantes de Castilla-La Mancha —732.443 personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

La Plataforma subraya, además, que las dificultades de acceso a la vivienda afectan especialmente a las mujeres por factores como la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más bajas y la carga de los cuidados. Una situación que, advierte, golpea con mayor intensidad a las familias monomarentales y a las víctimas de violencia de género.

Las enmiendas del PP y Vox, en el centro de las críticas

El debate parlamentario también ha llevado a la Plataforma a cuestionar las propuestas de PP y Vox, que se abstuvieron en la toma en consideración de la ley y presentaron enmiendas que fueron rechazadas en comisión y en el Pleno.

Según la organización, el PP planteó reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicado a la vivienda del 9 % al 6 % con carácter general, y del 5 % al 3 % para las empresas que compren inmuebles para revenderlos. También propuso ampliar los motivos de desahucio administrativo en el parque público.

La Plataforma considera que estas medidas favorecerían a grandes compradores y fondos de inversión, al tiempo que facilitarían los desalojos.

En el caso de Vox, critica las propuestas para dar prioridad a la población española en el acceso a la vivienda protegida, al parque público de alquiler y a las ayudas autonómicas, con requisitos de hasta diez años de arraigo para comprar y cinco para alquilar. La entidad rechaza este planteamiento por considerar que introduce criterios discriminatorios por origen o nacionalidad.

Llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre

La Plataforma reclama una Ley de Vivienda integral para Castilla-La Mancha que regule los alquileres, amplíe de forma estructural la vivienda social y garantice una alternativa habitacional ante los desahucios.

La organización asegura que seguirá vigilante ante el desarrollo reglamentario de la norma aprobada y reitera su llamamiento a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre, así como las movilizaciones que se convoquen en la región en defensa del derecho a la vivienda.