Actualmente, la plaza nº 1 y nº2 de Orgaz comparten 8 funcionarios de orden civil, 5 funcionarios de orden penal y 3 trabajadores de auxilio judicial. El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo, advierte que "la carga de trabajo extraordinaria que genera un procedimiento de las características del terrible accidente ferroviario no puede recaer exclusivamente sobre una plantilla que ya de por sí está totalmente sobrepasada con sus funciones ordinarias, es preciso dotar de todos los recursos posibles".

Hasta el momento, el único movimiento realizado por el Ministerio de Justicia es el traslado de dos funcionarios desde Toledo; un refuerzo totalmente insuficiente. Además, se da la circunstancia, como muestra de la saturación que sufre el sistema judicial por una mala e ineficaz gestión, de que las bolsas del Cuerpo de Tramitación y Gestión están agotadas en Castilla-La Mancha: desde enero de 2025 no hay nuevas incorporaciones a la bolsa de trabajo, impidiendo inscribirse a personas que han aprobado la oposición y no han obtenido plaza.

En este sentido, CSIF exige que se destinen antes del próximo lunes, más allá de los escasos refuerzos ya movilizados, al menos cinco funcionarios más con experiencia en este tipo de actuaciones (dos gestores, dos tramitadores y otro de auxilio judicial). 

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado información sobre los refuerzos de Médicos Forenses y demás personal en los Institutos de Medicina Legal (IML) de Toledo y de Ciudad Real que están trabajando en las labores de identificación.

"Una investigación rigurosa necesita también una Justicia dotada de recursos suficientes", señala Pelayo, que añade que "es el momento de apoyar y también de dejar trabajar con el objetivo de facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido, sin emitir juicios de valor y sin caer en presiones políticas".

En este sentido, CSIF recuerda que ya ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la plantilla de Renfe y Adif tras la filtración de audios a pesar de encontrarse el proceso bajo secreto de sumario, además de que se insiste en la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el señalamiento público a un trabajador como responsable de la tragedia.