La Fundación Hay Derecho ha lanzado la iniciativa «Gobierne quien gobierne», una propuesta que pretende comprometer a los partidos políticos con seis medidas concretas para mejorar el funcionamiento de las instituciones españolas y fortalecer el Estado de Derecho. La organización considera que la calidad institucional debe situarse por encima de las diferencias ideológicas y reclama garantías para que las instituciones estén al servicio de todos los ciudadanos, independientemente de quién ocupe el Gobierno.

La iniciativa, presentada este 10 de noviembre, se apoya en los datos recogidos en el Informe de Estado de Derecho 2026, elaborado por la propia fundación, en el que se analiza el funcionamiento de las instituciones en España.

La directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, ha advertido de que el país presenta un déficit en el funcionamiento institucional que debe corregirse. Entre las medidas urgentes ha destacado la necesidad de asegurar organismos independientes de control y profesionalizar la dirección de las empresas públicas.

«Las promesas electorales pasan pero las instituciones permanecen y debe garantizarse su correcto funcionamiento gobierne quien gobierne», ha subrayado Cantos. La organización resume su planteamiento en una idea: «Las instituciones no tienen color. Tienen reglas».

Seis compromisos para reforzar el Estado de Derecho

El primer compromiso reclama independencia para jueces, fiscales y sus órganos de gobierno, mediante una reforma del sistema de elección que evite la influencia de los partidos políticos y del corporativismo asociativo.

El segundo pone el foco en el papel del Parlamento. Hay Derecho considera que las Cortes deben recuperar plenamente sus funciones de elaborar leyes, controlar al Gobierno y aprobar los presupuestos. La fundación denuncia que esta es la primera legislatura en la que no se han aprobado unos presupuestos y critica el recurso al decreto-ley para sustituir la función legislativa parlamentaria.

La tercera propuesta defiende que las políticas públicas estén basadas en evidencias y sometidas a evaluación, tanto antes como después de su aplicación, con organismos independientes que rindan cuentas. Como ejemplo de una política que, a su juicio, no puede improvisarse, señala la vivienda, sometida a continuos cambios de régimen jurídico sin evaluar su impacto real.

El cuarto compromiso plantea medidas eficaces contra la corrupción y una mayor transparencia. La fundación reclama aprobar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción, obligatoria y dirigida por una autoridad independiente. Según sus datos, no se ha cumplido ninguna de las 15 medidas del Plan de lucha contra la corrupción de 2025 y en seis comunidades autónomas no se aplica la directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción.

La quinta propuesta exige que los organismos de contrapeso y los reguladores estén dirigidos por profesionales elegidos mediante concurso y dispongan de medios suficientes. La organización cita expresamente al Tribunal de Cuentas, la CNMV, la CNMC y el Defensor del Pueblo, además de los medios de comunicación públicos.

Por último, el sexto compromiso reclama una dirección profesional de las empresas públicas, con requisitos legales para acceder a sus puestos directivos y mandatos vinculados a criterios de gestión, no al ciclo electoral.

Seguimiento público de los compromisos

Hay Derecho se compromete también a realizar un seguimiento público de los partidos políticos que asuman estas propuestas y de su grado de cumplimiento. La fundación sostiene que muchas de las medidas solo requieren voluntad política, mientras que otras necesitan reformas legales que podrían aprobarse durante una legislatura y, en algún caso, cambios constitucionales.

La organización considera que el actual momento electoral representa una oportunidad para exigir a todas las formaciones políticas un compromiso imparcial con el buen funcionamiento institucional. Recuerda que estas garantías son necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, con independencia de los programas políticos.

La iniciativa incluye también una recogida de firmas para reclamar al Gobierno que resulte elegido una dirección profesional de las empresas públicas. Hay Derecho menciona expresamente servicios esenciales como ADIF, Renfe, AENA, Casa47 (antes SEPES) y Correos, que, a su juicio, deben responder a criterios profesionales y no convertirse en espacios de reparto político.