Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional se iniciaron tras detectarse numerosa documentación falsificada en las tramitaciones de solicitud de residencia a ciudadanos de origen magrebí.

Los dos máximos responsables realizaban tareas diferenciadas, uno de ellos, era el encargado de buscar víctimas a los que ofrecía un “atajo no legal” para tramitar sus solicitudes de residencia.  El otro cabecilla, dedicado a la gestión empresarial, disponía de acceso directo a datos personales y firmas digitales de sus clientes y empresas que utilizaba para la realización de trámites no autorizados, confeccionando ofertas laborales, contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.

Contratos de trabajo ficticios a través de empresas que sí eran reales 

Las pesquisas policiales determinaron que la organización facilitaba contratos de trabajo fraudulentos además de altas en la Seguridad Social, todo ello a través de empresas reales con actividad económica en la provincia de Ciudad Real, sin el consentimiento de los legítimos propietarios de estas empresas. 

Posteriormente, con esa oferta laboral o contrato de trabajo, facilitaban la presentación, tramitación y obtención de una autorización de residencia y trabajo por arraigo socio-laboral de acuerdo con lo que estable la Ley de Extranjería, y de ese modo se regularizaba automáticamente su situación administrativa en España.

La organización cobraba a cada solicitante un importe de entre 2000 y 4500 euros en efectivo por la tramitación administrativa fraudulenta, para así no dejar rastro del reparto del dinero recaudado entre los diferentes miembros de la organización