El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha remitido una carta al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, para reclamar que las medidas que se adopten tras los accidentes de Adamuz, Gélida y Urda se trabajen con una visión conjunta del sector ferroviario y con la participación de todas las organizaciones sindicales y empresas afectadas.

"La crisis del ferrocarril no se resuelve por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. Exige corresponsabilidad y participación real de los ministerios competentes, la AESF, las empresas públicas y privadas y el conjunto de la RLPT." recoge la carta.

Desde el sindicato consideran que la situación actual exige recuperar la confianza de las plantillas y de la ciudadanía, pero advierten de que no sería comprensible volver a alcanzar acuerdos que pretendan afectar al conjunto del ferrocarril dejando fuera a una parte de quienes trabajan diariamente en él.

En este sentido, el SFF-CGT recuerda lo sucedido tras los accidentes de Adamuz y Gélida, cuando el Ministerio de Transportes negoció un acuerdo únicamente con una parte de las organizaciones sindicales, dejando fuera al SFF-CGT y a las operadoras privadas de viajeros.

"Si se alcanza un acuerdo en nombre del sector ferroviario, quienes trabajan cada día en él tienen que haber podido participar en su construcción y reconocer en ese acuerdo respuestas a los problemas que conocen de primera mano",señalan desde el SFF-CGT.

El SFF-CGT traslada además al vicepresidente distintas propuestas que lleva tiempo defendiendo y que considera necesarias para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en el ferrocarril. Entre ellas se encuentra la modificación del artículo 38 del Real Decreto 929/2020 para regular los tiempos de actividad del personal de circulación, las pausas, la toma y deje del servicio y la prevención de la fatiga y la carga mental.

El sindicato también plantea medidas relacionadas con la prevención de riesgos, las condiciones de trabajo en los Centros de Regulación de Circulación, la formación y la experiencia necesarias para determinados puestos, así como un plan sectorial frente a las agresiones al personal ferroviario.

En materia de seguridad de las personas usuarias, reclama un protocolo común entre empresas para responder ante emergencias, formación obligatoria para las tripulaciones y dotaciones mínimas de personal a bordo adaptadas a las características de cada tren.

Asimismo, ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que analice el impacto que puede tener sobre la seguridad la sustitución de circuitos de vía por contadores de ejes cuando se pierden determinadas funcionalidades de detección. Estas propuestas forman parte de las medidas concretas trasladadas en la carta al vicepresidente.

"Hay medidas que ya no pueden esperar"

Para el SFF-CGT, es necesaria una revisión profunda del ferrocarril que no se limite únicamente a la infraestructura o al material rodante. También deben analizarse las condiciones en las que trabajan las plantillas, actualizar las evaluaciones de riesgos y prestar una atención especial a factores como la carga mental, la fatiga y los riesgos psicosociales.

La organización considera igualmente necesario dejar de planificar el ferrocarril de Gobierno en Gobierno. El sistema necesita un horizonte de, al menos, diez años que garantice una inversión sostenida en mantenimiento, infraestructuras y material, acompañada de planes de empleo suficientes para reducir la sobrecarga física y mental de las plantillas y recuperar progresivamente cargas de trabajo actualmente externalizadas.

Para el sindicato, avanzar hacia una mayor integración de Adif y Renfe también debe formar parte del debate. Coordinar estructuras y tareas, reducir duplicidades y recuperar una visión conjunta de la infraestructura y la operación permitiría volver a entender el ferrocarril como lo que realmente es: un único sistema.

Para el SFF-CGT, un eventual pacto de Estado por el ferrocarril debe servir para recuperar la confianza después de meses especialmente difíciles para el sector, pero no puede limitarse a un acuerdo político o institucional cerrado sin la participación de quienes conocen diariamente el funcionamiento del sistema.

La organización reclama un espacio de trabajo amplio en el que puedan ponerse en común las distintas propuestas, compartir los textos que se están elaborando y alcanzar compromisos concretos, con plazos y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar posteriormente su cumplimiento.