El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha aprobado esta semana tres convocatorias de ayudas dentro de las Expresiones de Interés de la Dirección General de Transición Energética, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el marco del Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020, en línea con los objetivos marcados en materia de ‘transición energética’ por el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha expresado este jueves el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en rueda de prensa, explicando que con las tres nuevas convocatorias de expresiones de interés, el Gobierno castellano-manchego pone a disposición de los ayuntamientos y diputaciones, una asignación financiera de 27,5 millones de euros, para acometer actuaciones en eficiencia energética en edificios públicos, instalación de renovables e instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos dirigida a apoyar el despegue de la movilidad eficiente. “Esto supone la puesta a disposición de las entidades locales de nuestra región de un presupuesto global de fondos de más de 53,5 millones de euros en dos años, con la finalidad de financiar actuaciones de transición energética en el territorio regional”, ha apuntado el consejero.

Con estas nuevas convocatorias, como ha dicho, “el presidente García-Page y su gobierno cumplen con hechos su compromiso con el desarrollo sostenible con un potente paquete de ayudas de estas características”, pues se enmarcan en los objetivos recogidos en la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha (Horizonte 2020-2030), así como en el Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha 2030, que actualmente está siendo redactando en la Consejería de Desarrollo Sostenible. Un plan que además recogerá los objetivos regionales que se alinean con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 del Gobierno de España, potenciando el fomento de energías renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo.

Escudero ha recordado que, en un entorno de emergencia climática, declarada en la región por el Gobierno de García-Page el pasado 24 de septiembre, “estas líneas de ayudas buscan contribuir a la lucha contra el cambio climático y ayudarán a disminuir de forma significativa las emisiones de gases de efecto Invernadero, contribuyendo a un importante ahorro en la factura energética de las entidades locales”. Pero, además, liberando recursos públicos para otras necesidades y “como medida ejemplarizante de las administraciones locales de nuestra región, de cara a contribuir a los objetivos de la descarbonización energética y al compromiso del Gobierno regional de dejar una Castilla-La Mancha económica, medioambiental y humanamente sostenible para las generaciones presentes y futuras”, ha indicado.

Además, ha apuntado que a los 27,5 millones de euros hay que añadir un 20 por ciento más que tienen que aportar los ayuntamientos, es decir que el total de las tres convocatorias es de 33 millones de euros, incluidas las aportaciones de los ayuntamientos y, por tanto, la inversión total será de 6,6 millones de euros por provincia. “Estas actuaciones van a tener un efecto dinamizador en cuanto a la creación de empleo en toda la región, especialmente en las zonas denominadas ITI que tendrán prioridad”, como ha manifestado el consejero.

Detalles de las tres convocatorias

Como ha explicado Escudero, la convocatoria de expresión de interés para ahorro y eficiencia energética en edificios públicos de la administración local tendrá un montante de 5 millones de euros para las diputaciones, uno por cada provincia y 4 millones para los municipios distribuidos (800.000 mil para cada provincia).

La segunda convocatoria para el fomento de las energías renovables en infraestructuras y edificación pública cuenta con 20 millones de euros, 2,5 para infraestructuras o edificios públicos propiedad de las diputaciones provinciales (500.000 por institución) y 17,5 para ayuntamientos (a razón de 3,5 por provincia).

Y respecto a la tercera línea de ayudas para el fomento de la movilidad urbana sostenible mediante el desarrollo de infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos se cuenta con 2,5 millones de euros; 500.000 para las diputaciones y 2 millones para instalaciones propiedad de ayuntamientos distribuidos a razón de 400.000 euros por provincia.