Sirva este artículo como humilde homenaje a la plataforma Zaldibar Argitu, que agrupa a afectados por el deslizamiento de una ladera del vertedero de Zaldibar y por la muerte de dos trabajadores, cuyo esfuerzo empecinado y abnegación sin límites ni pausa, persigue el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los culpables. 

Continúa sin aclararse el derrumbe de medio millón de metros cúbicos de residuos industriales (amianto entre ellos) del vertedero de Zaldibar, que en la mañana del 6 de febrero del pasado año sepultó a dos trabajadores (Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, este último aún desaparecido), cortó un tramo de la autopista AP-68 que enlaza Bilbao y San Sebastián, y provocó la alerta sanitaria en varias poblaciones. La explotación del vertedero privado corría a cargo de Verter Recycling 2002 S.L y sobre el papel contaba con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente en marzo de 2011, y la licencia municipal de apertura expedida por el Ayuntamiento de Zaldibar, también en 2011. Antes, en 2007, el proyecto obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable (información extraída de eldiario.es el 7 de febrero de 2020). Luego se supo (La Vanguardia del 8 de febrero, días después de la catástrofe) que en 2018 una auditoría del Gobierno vasco detectó irregularidades. 

Tras el colapso de una de las laderas, se originaron incendios en la parte alta de la escombrera. Pese a la llamada a la tranquilidad de las autoridades, y a consecuencia de la combustión, durante días hubo emisiones de cantidades importantes de dioxinas (40 veces superior a las consideradas como normales) y furanos, sustancias tóxicas potencialmente cancerígenas. Por supuesto, para el Departamento de Salud del Gobierno vasco los niveles de contaminación atmosférica no eran preocupantes, pero se recomendó a los vecinos de Zaldibar, Ermua y Eibar el cierre de ventanas, no hacer ejercicio físico al aire libre, llegando a ordenar la suspensión del partido de fútbol que iba a enfrentar entonces al Eibar y a la Real Sociedad. 

Ni una sola dimisión 

Ya desde el minuto cero la sociedad civil tomó conciencia de lo que se le venía encima. Primeramente, haciendo frente a la emergencia. Y seguidamente, apoyando a las familias de los trabajadores desaparecidos, poniendo el foco en la empresa, como última responsable del desastre, sin olvidar al Gobierno vasco, con competencias en la gestión de residuos y en la concesión y renovación de los permisos, además de su obligación de monitorizar el cumplimiento de las exigencias y requisitos legales y técnicos de Verter Recycling. 

Ha pasado un año y el tiempo parece haberse detenido. En el verano se encontraron restos de uno de los trabajadores en búsqueda, Alberto Sololuze. Nada se sabe de los de Joaquín Beltrán, el segundo de los trabajadores engullidos por la avalancha (la familia ha pedido que no se selle el vertedero hasta que no recupere su cuerpo o lo que quede de él). Las autoridades siguen sin dar respuesta a las peticiones de información y transparencia de lo ocurrido. Qué decir de la depuración de responsabilidades. La plataforma ciudadana Zaldibar Argitu se queja de que al día de hoy no se haya producido "ni una sola dimisión" por una catástrofe ambiental con coste en vidas humanas.

Más de un año después, se suceden las caceroladas y manifestaciones. Ni el coronavirus ha frenado la sed de justicia y por conocer la verdad de lo ocurrido. La plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se han personado como acusación popular contra Verter Recycling 2002 S.L. Tras una ardua lucha y movilizaciones, un juzgado de Durango abría hace pocos meses una causa contra tres directivos de la empresa por un presunto delito contra el medio ambiente. 

Pero no se conforman con tan poco. Solicitan, con firme apoyo documental en la mano, ampliar la posible responsabilidad a ámbitos políticos e institucionales, que afectan, como no podía ser de otra forma, a familias y clanes del gubernamental EAJ-PNV. Para hacer frente a las costas del juicio, la plataforma ha conseguido 9.600 euros gracias a una colecta popular. 

Vergonzoso trapicheo 

Sin embargo, desde Bruselas llegaba hace pocos días una sorprendente y decepcionante noticia; en el vertedero de Zaldibar no se cometió infracción contra la legislación ambiental, cargando la responsabilidad en el operador y exonerando al Ejecutivo de Urkullu (El País, 11 de febrero). Las consecuencias que pueda tener con respecto al desarrollo del proceso judicial están por ver. 

Zaldibar Argitu no se anda con rodeos al señalar que "La privatización de la gestión de la basura y la falta o insuficiencia de su control político ha convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal ha encontrado su beneficio a costa tanto de la salud y la vida de los trabajadores, y de la propia naturaleza" (declaraciones recogidas por EITB). 

Claro que a la catástrofe ambiental se le añade el escándalo político. La clase dirigente se comporta como si el asunto no fuera con ella. Lo último, el veto del EAJ-PNV y del PSE-PSOE (socios de Gobierno) a la creación de una Comisión de investigación parlamentaria del “accidente” del vertedero de Zaldibar, así como su negativa a proporcionar cualquier información y documentación del caso, solicitadas ambas unánimemente por la oposición (lo cual en Euskadi sabemos que no es sencillo). 

Ejemplo arrogante de despotismo y negligencia, de corrupción y clientelismo político, de incumplimiento de la normativa laboral, y de impunidad ambiental. Un casus belli de cómo el capitalismo, sin alma ni corazón, expropia los derechos de los trabajadores, arrasa el medio ambiente, e impugna los procedimientos de control, vigilancia y transparencia de las administraciones públicas (tan solícitas y cómplices). 

Esta es la cara del vergonzoso trapicheo que esconde la gestión (es un decir) de los residuos.

En Euskadi... y en otras partes.