A este respecto ha explicado que el Ejecutivo regional no está de acuerdo porque “en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se aprecian errores u omisiones flagrantes que suponen el incumplimiento de la ley”, citando como ejemplo “la ausencia de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo que permitan un buen estado en la salud del río”, recordando que “ya que existe una sentencia que nos da la razón en esto, lo que queremos es que se cumpla. Y con este recurso ponemos en evidencia que no se cumple una sentencia que es firme”.

La consejera de Igualdad y portavoz ha mostrado una vez más el rechazo del Gobierno del presidente García-Page a estas derivaciones de agua que “impiden mantener una lámina de agua estable en la cabecera del Tajo, con lo que se conculcan los derechos de la cuenca cedente que tienen Castilla-La Mancha y los pueblos ribereños”.

Además, la portavoz regional ha señalado que este trasvase se hizo “con una falta de transparencia que también alegamos en el recurso, porque los datos que se tienen en cuenta en lo relativo a los volúmenes embalsados y la evaporación se toman con medidas incorrectas, puesto que los volúmenes embalsados y la evaporación se refiere a la cantidad de agua que tienen Entrepeñas y Buendía. Sin embargo, las mediciones se realizan aguas abajo, en Bolarque y la Bujeda, de manera que no se corresponden los datos de las mediciones con el estado real de los embalses”.

En conclusión, ha resumido Blanca Fernández, “este recurso se basa en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y de los pueblos ribereños; en la falta de transparencia y en la mala medición de los datos, y también en el incumplimiento reiterado de los caudales ecológicos del Tajo, que son esenciales para la supervivencia del río”.