La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla La Mancha valora  esta suspensión y, además, aclara que de la lectura de las alegaciones que realiza la abogacía del Estado, se desprenden varios hechos. El primero, el criterio exclusivamente economicista que arguye el ministerio  para suspender las obligaciones de servicio público e iniciar el desmantelamiento de la infraestructura. Un procedimiento inédito en España que no se aplica a otras relaciones ferroviarias que presentan similar deterioro y peores resultados que los ofrecidos por la línea de Cuenca.

La decisión judicial tiene su importancia teniendo en cuenta que los criterios economicistas han sido un obstáculo casi insalvable en la lucha por el tren, algo que saben bien en la comarca de Tomelloso. Evidentemente, el coste económico de una infraestructura o servicio tiene siempre su peso, pero no debe ser el único cuando nos referimos a un medio de transporte sostenible, elemento clave  en  unos tiempos en los que la lucha contra el cambio climático es ya un imperativo; vetebrador de territorios, justo en un momento en la que la clase política empieza a tomar conciencia del problema de la despoblación; facilitador de oportunidades, por las grandes posibilidades de desplazamientos y tiempos que ofrece y generador de sinergias con otros muchos ámbitos, que en el caso de la comarca de Tomelloso, habría que subrayar el sanitario, al facilitar la movilidad de profesionales y pacientes. 

Argumentos hay muchos más, pero de momento nos quedaremos con estos cuatro. Tras mucho tiempo en el olvido, la reivindicación del tren reapareció en la pasada campaña electoral, y aunque no todas las formaciones lo airearon con la misma contundencia, bueno es que el ferrocarril esté de nuevo en candelero. Uno de los candidatos señaló acertadamente que “el tren no es imposible, ni mucho menos, será imposible si dejamos de pedirlo”.