De vez en cuando aparecen noticias en los medios de comunicación, tratando historias personales que trascienden en dimensión, pues el suceso individual adquiere un alcance general, una perspectiva que podría afectar a cualquiera de nosotros. Por eso, me atrajo el caso de una persona que ha terminado atrapada durante décadas en un error judicial enrevesado, tras serle atribuido un presunto delito. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ahí apela a nuestro modelo institucional.

Como en todas las actuaciones humanas, al aplicar justicia cabe caer en el error. Esto, sin duda ocurre, como ya sabemos desde Séneca, Errare humanum est. Por tanto, hablamos de algo que no debe considerarse insólito y, desde luego, no puede preocupar si se da en un margen dentro de lo razonable. Ahora bien, como ciudadanos debemos aspirar a un sistema lo suficientemente ágil como para detectar errores, para solucionarlos en su caso, y para ofrecer las reparaciones en el plazo más breve posible. El reo, en la terminología antigua, nunca debería verse envuelto en madejas procesales de imposible salida,

Por este motivo, me ha llamado la atención el caso de Ahmed Tommouhi, un emigrante marroquí que llegó a España desde su región deprimida del Rif, en Marruecos, para buscar una oportunidad de vida entre la prosperidad que irradiaba la Barcelona preolímpica, en la última década del siglo pasado. La conquista de su sueño de ascenso social para el y para su familia (que había dejado en Nador), de repente se truncó, cuando por unas coincidencias iniciales se vio envuelto en una pesadilla legal y judicial, que acabaría desarbolando su vida hasta hoy.

Aquel hombre joven que decidió emigrar con 40 años, tiene hoy 72 años y se apoya con una bastón; ha pasado 15 años en prisión y no ha logrado salir del bucle en el que iba a quedar irremisiblemente envuelto, con pruebas muy débiles que hoy han sido desacreditadas, aunque no por ello ha conseguido terminar su angustiosa peripecia

Su historia penal bien puede ser el exponente de algo que como sociedad debería ponernos en alerta. Los hechos brevemente narrados nos llevan a 1991, cuando una niña de 14 años es violada por dos personas de tez morena que hablan en una lengua extraña a la víctima. Rápidamente las fuerzas policiales se ponen manos a la obra, máxime en un tiempo en que se quiere mostrar la Barcelona de las Olimpiadas libre de delincuencia. En un golpe de fortuna aparente la policía se topa con una fotografía que se aproxima a la descripción que ha dado la víctima sobre su agresor, ya que la dueña de una pensión acaba de llevar la documentación de sus clientes a la sede policial.

Inmediatamente, es detenido el presunto delincuente y puesto ante la víctima en una rueda policial defectuosa. La víctima señala a este hombre que hoy sabemos inocente y entonces se desencadena un proceso judicial apresurado, que además se va a extender a varias violaciones ocurridas con cercanía de tiempo y lugar. Como la violación había sido cometida por dos personas se detuvo también a Abderrazak Mounib, cuya suerte judicial correría pareja.

Dado que ya había dos personas con rasgos étnicos parecidos a la descripción inicial de la víctima y que hablaban una lengua diferente a las usuales de Cataluña (dialecto del árabe), parecía que todo estaba resuelto. Forzando un poco el principio de presunción de inocencia, la decisión judicial no entró en mucho detalle para valorar otras pruebas, como el informe pericial sobre el semen encontrado en una prenda de la víctima que no coincidía con el del acusado. Aparentemente, el caso se cerraba con una sentencia judicial de 15 años de prisión para dos personas que seguían declarándose inocentes.

Sin embargo, si se buscaba terminar con la alarma social, ocurrió algo paradójico, puesto que las violaciones seguían produciéndose en el mismo entorno después de que los acusados hubieran entrado en prisión. A partir de las investigaciones de un guardia civil (con prueba genética incluida), que contó con el apoyo de su jefe, se demostró que el autor de las violaciones era una persona de otra etnia, un gitano con cierto parecido físico al de Ahmed, que había actuado en compañía de un familiar cercano, usando el caló para comunicarse. Era 1997 y tras la sentencia judicial, el autor incriminado a partir de su semen terminaría reconociendo diferentes violaciones por las que fue condenado a un total de 200 años, aunque luego se benefició de la doctrina Parrot (beneficios penitenciarios sobre la pena máxima de prisión, no sobre el total de años por los delitos).

De lo leído hasta aquí, en un mundo impregnado por la lógica convencional podríamos concluir que los dos falsos acusados saldrían inmediatamente de prisión y que deberían haber sido indemnizados de oficio, sin necesidad siquiera de recurso ante la Administración. Pero la realidad fue totalmente opuesta, porque lejos de salir de prisión los condenados siguieron cumpliendo su condena, mientras se buscaba deshacer aquello que parecía una secuela de novelas como El Proceso (Franz Kafka) o El Extranjero (Albert Camus), en las que los condenados se ven envueltos en una serie de circunstancias sin sentido que terminan haciendo irremisible su condena.

Así los condenados continuaron viviendo una situación opresiva, que terminó para Abderrazak Mounib en el año 2000, cuando murió de infarto, probablemente incapaz de soportar más su desesperación. Por otro lado, Ahmed Tommouhi decidió emprender una lucha pasiva, descartando soluciones paliativas como permisos carcelarios o un posible indulto. Esta posibilidad le resultaba inconcebible ya que suponía un perdón para un delito que el no había cometido. Además, tampoco los sucesivos gobiernos nacionales se preocuparon de dar trámite a esta opción de gracia gubernamental, por lo que Ahmed saldría de prisión en 2006, cumplidos casi 15 años de prisión, aunque la libertad definitva no llegaría hasta 2009.

Ya en la calle, lejos de arredrarse mantuvo su lucha para que le fuera devuelto su honor, pues de ninguna manera quería mantener un status de convicto salido de prisión, tras cumplir una pena por un delito que consideraba inexistente. Además seguía sintiendo y sufriendo el estigma social de su condena, que no contribuía a mejorar su situación como emigrante sin trabajo y sin recursos.

Por suerte, algunos familiares, como su hermano y parte de sus hijos que se desplazaron desde Marruecos seguían confiando en él y ayudándole, como también algunos ciudadanos minoritarios. Entre estos últimos el periodista Braulio García Jaén decidió investigar el caso durante tres años, indagando en los 40.000 folios del proceso y plasmando sus conclusiones en el libro Justicia Poética. que sería publicado por Seix Barral en 2010. Antes había ido dando cuenta de cada paso en su investigación a través del blog La doble hélice, cuyo título hace referencia a la forma en que se representa el ADN.

El libro, que recibió el Premio Barral Crónicas Seix, sirvió para mantener vivo el problema en una parte minoritaria de la opinión pública, pero no arrastró ningún sector oficial, ni ningún movimiento social, de los que se preocupan por víctimas con mayor impacto, mejor retorno electoral, o adecuada idoneidad con el pensamiento dominante.

Incluso la niña que fue víctima a los 14 años, ya superados los 40 había decidido saltar a la opinión pública para apoyar a quien denunció por error. Quería salvar a un inocente, pese a tener que recordar una experiencia personal tan dolorosa y exponerse a los medios de comunicación.

Así, el tiempo siguió transcurriendo, hasta que a consecuencia del libro y quizá por vínculo de amistad con Braulio García, la abogada Celia Carbonell decidió actuar de modo altruista y pedir la revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo, cuya resolución favorable a los condenados se ha conocido a finales de junio.

La pasada semana la abogada conoció personalmente a su defendido, pues viven a unos cuantos kilómetros de distancia, y le brindó la posibilidad de hacer un nuevo recurso, para demandar a la Administración por responsabilidad patrimonial relativa a los perjucios sufridos por Ahmed Tommouhi en estos 32 años.

Ahmed, sigue considerando prioritaria la restitución integra de su honor antes que recibir un resarcimiento económico, Quiere ver reconocida su lucha basada en una reparación moral, que tiene una dimensión amplia. El permanece aferrado a un argumento de fondo, que podemos valorar como alusivo a todo nuestro sistema garante de los derechos individuales.

Su razonamiento concluye en las siguientes palabras: No odio a nadie y mucho menos a quienes nos acusaron. Son tan víctimas como nosotros. Otra cosa es lo que pienso de la justicia. Acepto los errores, pero ¿algo que dura tanto es un error?