Los máximos representantes de la Junta de Comunidades en la provincia, la Diputación provincial, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ciudad Real se han mostrado unidos esta mañana en el compromiso para luchar contra las violencias a las mujeres.

Ha sido en el acto institucional por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, donde la delegada del Gobierno regional en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha defendido las políticas públicas para acabar con dicha lacra, y ha validado los presupuestos de las administraciones para proteger a las víctimas y a sus hijos contra quienes cuestionan ‘los chiringuitos feministas’: En la provincia hay 26 centros de la mujer, con 96 profesionales y casi 7.000 mujeres atendidas, un tercio -unas 2.000- víctimas de la violencia de género en proceso de recuperación.

En esta línea, ha rebatido a los negacionistas, que son los “nuevos terraplanistas del siglo XXI”, con la severidad de los datos, como las 1.238 mujeres asesinadas (dejaron 31 huérfanos) en España a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, 57 en ellas en Castilla-La Mancha. De ellas, 16 eran de Ciudad Real, con cuatro huérfanos, que suman a otros cuatro menores asesinados desde 2013. Igualmente, en 22 años, los recursos de acogida de la provincia, han asistido a 5.000 mujeres y niños “tras abandonar injustamente su casa”.

El acto, organizado por la delegación de la Junta (este año le ha tocado por turno), se ha celebrado en un abarrotado Museo de la Merced, y ha comenzado con un vídeo en el que personalidades políticas y conocidos profesionales han reflexionado sobre este fenómeno, y ha terminado con el mensaje del periodista Pedro Piqueras ‘Implícate contra la violencia de género’. También han proyectado el estremecedor testimonio de una víctima que ha animado a las mujeres actualmente implícitas en el ciclo de la violencia machista a no callarse porque “se puede salir” como ha sido su caso. “Busca el momento y libérate, es lo mejor para ti”, ha remachado.

La delegada Fernández ha sido la única en intervenir y ha respondido a las posturas de quienes igualan todas las violencias con un didáctico discurso en el que ha lamentado “la huella directa” que dichos posicionamientos “dejan en las vidas, esperanzas y expectativas de las mujeres víctimas”. “Ellas lo verbalizan y sienten el golpe directamente”.

El discurso negacionista también está calando, ha denunciado la dirigente, en la juventud, que tiene una divergencia en sus consideraciones, dado que el 90% de los jóvenes dicen haber visto directamente algún caso de violencia de género, pero el 23% los ve como hechos violentos “reprobables” pero sin consideración de géneros.

“Si no hacemos el diagnóstico adecuado, no podemos dar el tratamiento adecuado”, ha advertido Fernández, antes de instar a combatir a los negacionistas “en el ámbito de las ideas y con el máximo respeto a la persona”.

En similar tesitura ha respondido a quienes recientemente han pedido la eliminación de la Consejería de Igualdad en Castilla-La Mancha, al considerar que es un privilegio para las mujeres. “Es todo lo contrario, existe porque la desigualdad de género sigue siendo estructural en nuestra región”, con más paradas, pensiones más bajas, y más mujeres que sufren la pobreza.

Y de más a más, la delegada han reparado en el matiz machista que encierran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recogen 816 víctimas mortales en el ámbito de la pareja entre 2009 y 2021. Del total: dos mujeres fueron victimarias de dos mujeres, doce hombres acabaron con la vida de sus parejas varones, 86 mujeres asesinaron a hombres y 716 hombres mataron a mujeres. “Son ocho veces más los asesinatos de hombres a mujeres, que explican la desigualdad”.

La expresión más cruel

Los asesinatos son la “expresión más cruel y más dura” de las violencias contra las mujeres, que se manifiestan también en agresiones sexuales, violaciones -cada vez más presentes en manada-, palabras, símbolos, gestos o violencia psicológica. Por ello, “es muy importante comprometernos con políticas públicas” y financiación “que se justifica hasta el último euro”.

Son ataques que, más allá de la igualdad legal y de “los indudables avances”, se explican por las “desigualdades materiales”, principalmente por la penalización de la maternidad en las carreras profesionales de las mujeres -renuncian más a ascensos y puestos responsabilidad-, aunque más del 50% de los estudiantes universitarios sean mujeres. También tienen responsabilidad “los roles secundarios”, basados en los estereotipos, que “hacen que las mujeres lleven una mochila más cargada” de compromisos domésticos y familiares.

La violencia de género, ha agregado Fernández, “es dominación” del hombre “que considera que están ante un ser inferior” y si la negamos “estamos negando la vulnerabilidad de las víctimas”. Por ello, ha reiterado la necesidad de “no renunciar a seguir avanzando” por parte de las administraciones para que las generaciones venideras “vivan en plena igualdad”.

La vacuna es la igualdad en mayúsculas

Fernández también ha agradecido a lo largo de su intervención la presencia de todas las instituciones (excepto los representantes de Vox), una mayoría que “tenemos claro que la violencia de género existe” y que “la mejor vacuna contra esta lacra es la igualdad en mayúsculas”.

Por ello, ha instado, al finalizar, a seguir trabajando “por una sociedad más justa”, al tiempo que ha invitado a recoger los sobres que cada asistente tenía bajo el asiento de sus sillas con nombres de mujeres asesinadas o víctimas de violencia de género en la región y sus impactantes casos.

Han asistido el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, el subdelegado accidental, José Antonio Nuevo, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, además de diputados provinciales del PSOE y el PP, alcaldes y concejales. El ámbito judicial ha estado encabezado por la presidenta de la Audiencia provincial, María Jesús Alarcón y el fiscal jefe, Luis Huete, así como han asistido los máximos mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, además de responsables de entidades sociales que atienden a mujeres vulnerables, como las Adoratrices, centros de la mujer, Universidad de Castilla-La Mancha, empresarios y sindicatos.