En consonancia con esta tendencia y en términos generales, las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que las ganancias ilegales del trabajo forzoso se han incrementado en 64.000 millones de dólares desde 2014. Este aumento se ha producido tanto porque el número de víctimas es mayor, como porque, cada una de ellas, genera una mayor ganancia. El total anual de ganancias ilegales en el trabajo forzoso dentro de la economía privada se ha estimado en 236 billones de dólares a nivel mundial, siendo el sector de la industria el que más ganancias genera. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores pone de manifiesto que las guerras y los conflictos armados, las crisis humanitarias y el cambio climático en el mundo aumentan los riesgos de trata, como señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, en 2020, casi el 70% de las víctimas de trata fueron traficadas por grupos criminales organizados. “Actualmente nos enfrentamos a un escenario en el que, año a año, aumentarán de forma exponencial las posibles víctimas que serán explotadas durante más tiempo y con una mayor violencia que sufrirán sobre todo mujeres y menores”.

En este sentido, UGT también incide en las víctimas de explotación sexual y es que, en Castilla-La Mancha, en 2023, había 510 personas en riesgo de trata y explotación sexual. 

“Es preciso poner en marcha todas las medidas necesarias, tanto en el ámbito europeo como nacional, que impidan esta escalada y que permitan prevenir y luchar contra este delito protegiendo siempre a las víctimas y a sus familiares. Instamos a continuar de forma urgente con la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata de Seres Humanos que, tras la publicación de la Directiva (UE) 2024/1712 por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección a las víctimas, debería incluir entre las formas de explotación penalizadas también a la maternidad subrogada y las adopciones ilegales, como así se recoge en la nueva Directiva europea”.