El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes, 4 de febrero, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales manteniendo estables los salarios. La medida, tramitada de urgencia tras el acuerdo entre los Ministerios de Trabajo y Economía con los sindicatos UGT y CCOO (la patronal de empresarios se descolgó del acuerdo después de 11 meses de negociaciones), debe pasar ahora al Congreso de los Diputados para su debate. Sólo después de los informes y modificaciones pertinentes volverá al Consejo de Ministros para la ratificación por el Gobierno y la aprobación definitiva en la Cámara Baja. Se estima, así, que la Ley de reducción de la jornada laboral no estará lista para entrar en vigor, al menos, hasta después del verano. Sin embargo, la nueva normativa, en su trámite inicial, ya ha generado el rechazo del sector agrario, que denuncia su difícil aplicación. ASAJA alerta del grave impacto que tendrá en la producción, mientras que UPA, menos beligerante con la medida y más dispuesta a acatarla, advierte de la falta de mano de obra y de las dificultades existentes para atender las demandas del sector.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) expresa su firme oposición al recorte de la jornada en dos horas y medias semanales. El ciudadrealeño Pedro Barato, presidente de la organización, asegura que “esta decisión dejará al sector en una situación muy complicada”, ya que obligará a contratar más trabajadores para realizar las mismas tareas, lo que supondrá un incremento de costes que muchos productores no podrán asumir.

Desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), la visión es más moderada. Su presidente en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, señala que acatarán y aplicarán lo que diga la Ley, pero reconoce que “va a suponer un incremento de costes en la producción, lo que deriva en una dificultad mayor en un sector ya dañado”. También advierte de la repercusión desigual de la normativa en función del tipo de explotación y modalidad de trabajo.

Falta de mano de obra

Uno de los principales problemas a los que apunta el sector agrario es la escasez de trabajadores, un obstáculo que, según ASAJA, se agravará con la nueva regulación. “No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos”, argumenta Barato. Desde esta organización se denuncia que la medida se ha impuesto sin consultar al sector y sin tener en cuenta sus peculiaridades. “Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos”, critica la organización.

En el caso de UPA, si bien la reducción de jornada es vista como un beneficio para los trabajadores, el impacto económico también preocupa. “Independientemente de esta cuestión, el problema de agricultores y ganaderos depende más de los precios de nuestros productos, de que se nos garanticen nuestros costes de producción”, señala Morcillo. Quien reconoce que la nueva normativa podría dificultar la contratación en un momento en el que el sector ya sufre problemas de mano de obra.

ASAJA anuncia que trabajará con los grupos parlamentarios para trasladarles estas preocupaciones y exigir modificaciones en la Ley. “Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores”, insiste Barato. Desde la organización piden medidas de flexibilidad que permitan adaptar la jornada laboral a las necesidades del campo.

Promesa electoral

La reducción de la jornada laboral es el buque insignia del Ministerio de Trabajo y una de las promesas electorales de su titular, Yolanda Díaz. La idea que subyace tras la reducción es que los empleados españoles trabajen menos, para que vivan más y mejor. Pretende favorecer la conciliación familiar, aumentar el tiempo libre y mejorar la gestión de la productividad.

Se calcula que la medida podría beneficiar a unos 12 millones de personas, lo que supone alrededor del 70% del total de los asalariados del país. Sectores como el comercio y la hostelería, en los que las jornadas suelen ser más amplias, estarían entre los principales beneficiados. En el espíritu de la futura Ley se encuentra también mejorar la igualdad entre trabajadores, favoreciendo en especial a los sectores más precarios y débiles sindicalmente, así como a las mujeres, principal fuerza en el trabajo a tiempo parcial. Se trataría de equiparar a estos trabajadores con los de otros sectores, como el de los empleados públicos o los que han alcanzado acuerdos y negociaciones colectivas fuertes y para los que la jornada de 37,5 horas ya es un derecho.

Hace más de 40 años que la jornada laboral no se modifica en España, cuando en los ochenta se estableció en 40 horas semanales.