Nuestra organización reivindica que, a pesar de que este es un derecho fundamental para todas las mujeres, las que tienen discapacidad intelectual cargan con el estigma social y encuentran enormes barreras, como se ha constatado en un proceso participativo que Plena inclusión ha realizado en 15 comunidades autónomas con 54 mujeres con discapacidad intelectual.

Este trabajo destaca tres obstáculos con los que chocan: falta de información accesible ausencia de apoyos especializados y escasez de datos que permitan diseñar políticas públicas que garanticen su cumplimiento.

Además, Plena inclusión ha realizado una encuesta 'online' a la que han participado 315 mujeres con discapacidad intelectual en la que respondía a cuestiones como el conocimiento de derechos reproductivos, experiencias relacionadas con la maternidad, obstáculos simbólicos y materiales apoyos, recursos y servicios.

Realidad invisible

Plena inclusión denuncia que la falta de estudios y registros sobre maternidad en mujeres con discapacidad intelectual hace que esta realidad sea prácticamente invisible. Sin información accesible ni apoyos adecuados, muchas de ellas ven vulnerado su derecho a tomar una decisión que sí toman el resto de las mujeres con mayores facilidades.

Las participantes del proyecto denuncian que aún existen prácticas profesionales que vulneran sus derechos. Por ejemplo, en muchos casos, la esterilización a través de la ligadura de trompas se ha realizado sin su consentimiento o bajo su desconocimiento. Por esa razón, y aunque la Ley Orgánica 2/2020 prohíbe desde hace cinco años la esterilización forzada de personas con discapacidad, es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad y en los profesionales para garantizar su cumplimiento.

La campaña '#TambiénPodemosSerMadres' tendrá presencia en redes sociales y medios de comunicación, compartiendo mensajes en primera persona de mujeres con discapacidad intelectual que reivindican su derecho a decidir sobre su maternidad y exigiendo garantías para poder ejercerlo.

Plena inclusión también ha puesto el foco en la incidencia política y reclama que "es urgente que las administraciones públicas (Gobierno central y autonómicos) recojan datos, diseñen políticas específicas y aseguren apoyos reales para que este derecho no dependa de la voluntad o los recursos de cada familia.