La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con  la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Fundación para la Magistratura ha celebrado hoy, en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz en el Campus de Ciudad Real, la jornada “Compliance penal y retos de la ciberseguridad” que ha reunido a un elenco de reconocidos magistrados, juristas, catedráticos y expertos en ciberseguridad.

En el encuentro se han abordado dos de los desafíos más complejos que enfrentan hoy las empresas: el cumplimiento normativo ante la creciente presión penal sobre las personas jurídicas y la necesidad de reforzar la ciberseguridad ante amenazas cada vez más sofisticadas.

El acto inaugural ha contado con la participación del vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UCLM, Francisco José Sáez Martínez, y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

El impacto de la imputación penal en la sociedad cotizada

En la primera mesa de debate se ha abordado la complejidad que supone la instrucción penal relativa a una sociedad cotizada, el impacto reputacional y en el mercado de capitales que conlleva y  la necesidad de habilitar mecanismos que aporten homogeneidad y criterio a estos procesos, agilizándolos y previniendo un uso abusivo del derecho procesal penal. José María Ayala de la Torre, abogado del Estado en excedencia y socio director de Ayala de la Torre, apuntaba que “existe un cierto automatismo en la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, enfrentándose a instrucciones largas y complejas donde la forma de colaborar con la instrucción, por ejemplo, mediante un forensic, no está definida. Estas situaciones suponen, en muchas ocasiones, un anticipo de la pena.” 

Se destacó que la evolución de la cultura de cumplimiento y la implementación de sistemas ha sido muy elevada en las empresas españolas en los últimos años y ello debería facilitar la labor de jueces y fiscales a la hora de abordar instrucciones penales complejas. Se debatieron medidas tales como protocolos de investigación penal que establezcan, entre otros, un modelo de prueba pericial (forensic) que aporte garantías adecuadas en sede de instrucción, acuerdos con la Fiscalía condicionados a requisitos bajo control judicial y, la certificación externa de los programas de cumplimiento como herramienta objetiva de valoración.A este respecto, Ayala puntualizó que “dicha certificación externa del sistema de cumplimiento, emitida por entidades de derecho público, aportaría una valoración técnica previa y objetiva sobre su idoneidad, añadiendo garantías suficientes en fase de instrucción”. Además de reforzar los mecanismos internos de documentación, trazabilidad y gobernanza del cumplimiento.

En esta primera mesa de debate, moderada por el magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Ciudad Real, Jerónimo Pedrosa Del Pino, participaron además la catedrática de Derecho Mercantil María Angeles Alcalá Díaz, el catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Adán Nieto Martín, y el y magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión Ética Judicial, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.

Ciberseguridad en la era del riesgo digital

La segunda mesa puso el foco en la ciberseguridad en el contexto actual. El director de Seguridad Global Corporativa de Iberdrola, José Miguel Gordillo Luque, subrayó que “las amenazas de ciberataques son cada vez más sofisticadas, y hacen imprescindible una colaboración estrecha entre gobiernos, empresas y ciudadanos”.

Se analizó el impacto de las nuevas normativas europeas, como la Directiva NIS 2 y el Reglamento DORA, en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español. También se discutió sobre el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y los retos que plantea en materia de certificaciones y responsabilidades.

En esta mesa, moderada por la catedrática de Derecho Mercantil de la UCLM, María Ángeles Alcalá Díaz, participaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, el catedrático y socio director de ÉCIJA, Alberto Alonso Ureba, y el magistrado de la Sala de Apelacion de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En ella se pusieron sobre la mesa los retos de la ciberseguridad en el momento actual como las Amenazas Persistentes Avanzadas hasta el ransomware y el phishing, afirmando que cada amenaza requiere una atención especializada y una respuesta proactiva. La colaboración entre individuos, empresas y gobiernos, junto con la constante formación y actualización de los profesionales de ciberseguridad, son fundamentales para proteger el mundo digital y garantizar la seguridad y privacidad de la información.