Estas unidades se suman a los 2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer actualmente existentes en la comunidad, que pasarán a integrarse como Secciones especializadas dentro de los nuevos Tribunales de Instancia, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En conjunto, Castilla-La Mancha contará con un total de 5 Secciones especializadas, lo que refuerza de forma significativa su capacidad judicial para atender este tipo de delitos. La medida, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y diseñada de la mano del Consejo General del Poder Judicial, muestra el firme compromiso del Gobierno con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para brindar una atención especializada y eficaz.

Más competencias y más recursos

La Ley de Eficiencia amplía además las competencias de estas Secciones, que hasta ahora se limitaban a los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, para incluir todos los delitos sexuales cometidos contra mujeres, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor. Esto exige una mayor especialización judicial y permite una respuesta más ágil, sensible y eficaz por parte del sistema. De este modo, España cumple con las obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

El Real Decreto aprobado prevé que cada nueva plaza de juez se acompañe de una plaza de fiscal especializado, lo que refuerza también la plantilla del Ministerio Fiscal en esta materia. A nivel nacional, la medida permitirá un incremento cercano al 50% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer.

Una transformación estructural del sistema judicial

Las nuevas plazas entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con la culminación del despliegue de los Tribunales de Instancia, que sustituirán los actuales juzgados unipersonales. Esta transformación es uno de los ejes centrales de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa la mayor reorganización del sistema judicial español en décadas, con el objetivo de hacerlo más moderno, funcional y especializado.

En total, la ley transformará más de 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, permitiendo una distribución más eficiente de los recursos y una mayor capacidad de adaptación a la carga real de trabajo.