Maestre, ponente socialista del informe sobre esta reforma, ha recordado que “el eslabón más débil sigue siendo quien más valor genera: el agricultor”. Ha señalado que cada año, especialmente en sectores como el hortofrutícola o el lácteo, los productores se ven obligados a aceptar precios muy por debajo de sus costes, ante la falta de contratos formales que les garanticen una negociación justa.

En este sentido, ha subrayado que el Grupo de Socialistas y Demócratas “hemos defendido con firmeza la obligatoriedad de los contratos por escrito, sin excepciones ni fórmulas voluntarias que diluyan la efectividad de la norma”. “España ya aplica esta obligación y los resultados han sido claros: mayor transparencia, seguridad jurídica y capacidad de planificación para los agricultores”, ha explicado.

Asimismo, Maestre ha respaldado que los Estados miembros mantengan la posibilidad de establecer el registro de contratos, una herramienta que “ha proporcionado trazabilidad, confianza y ha contribuido a prevenir abusos”.

La eurodiputada también ha advertido sobre los intentos de debilitar a las organizaciones de productores, insistiendo en que las cooperativas y estas organizaciones deben ser pilares fundamentales de la reforma, no víctimas de ambigüedades legales. “No podemos otorgar ventajas a entidades que no representan a los agricultores ni comercializan colectivamente”, ha declarado.

Cristina Maestre ha concluido apelando a la responsabilidad del Parlamento Europeo: “Si realmente queremos reforzar la posición del agricultor, debemos hacerlo con medidas concretas, sin letra pequeña, sin atajos, y con reglas claras que se apliquen en todo el mercado interior”.