Pero el penúltimo episodio, con el ínclito exministro de Hacienda Montoro como actor principal, en el supuesto de que se confirme lo que ahora, en puridad jurídica, son indicios más o menos sólidos, es un intento de convertir el quirófano en un laboratorio en el que experimentar con nosotros, cual si fuéramos cobayas. O sea, bajo la apariencia de eminente cirujano ejerció de científico psicópata acelerando exponencialmente el proceso que debería terminar en óbito.

Por exagerado que pueda parecerles, es exactamente eso lo que supuestamente ha ocurrido: la utilización de los medios que el sistema, o sea, la democracia, necesita para su funcionamiento y perfeccionamiento con el fin de aniquilarlo. Mientras la corrupción al uso que hasta ahora conocíamos era soterrada, en este caso ha sido pública, a vista de todos, y legitimada en las instituciones correspondientes. No se conformaron con un beneficio puntual y supeditado a la duración del cargo, querían su perpetuación más allá de ello, optando por camuflarlos de necesidades de sacrificio ineludibles en tiempos económicamente adversos e incluyéndolos en el BOE para que siguieran vigentes después de la renovación democrática pertinente.

No hay estado social que valga si quienes más recursos económicos tienen no aportan más a la caja común, vía impuestos, inequívocamente dicho en la Constitución de 1978 -técnicamente llamado capacidad económica- para así redistribuirlos equitativamente y corregir los grandes desequilibrios que toda economía de mercado causa. Aquí se amnistiaron a los grandes defraudadores en vez de perseguirlos, permitiéndoles repatriar el dinero ocultado al fisco con un tipo impositivo muy reducido, concretamente el 10 %, bajo la promesa de una mayor recaudación futura, mientras asfixiaban a las PYMES con inspecciones rigurosas y, en ocasiones, aplicación de criterios interpretativos antagónicos a lo dispuesto por las altas instituciones de la magistratura, conscientes de su falta de recursos para iniciar procedimientos judiciales con altas probabilidades de ganarlos, expoliaron inmisericordemente a los trabajadores que, dependientes de una nómina, no tenían escapatoria posible, a la par que decían incentivar la actividad empresarial creadora de empleo con rebajas y demás prebendas fiscales.

La cosa no quedó ahí, también hubo un ataque directo al otro pilar distributivo fundamental, el social, congelando el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones de nuestros padres, las inversiones en sanidad y todo aquello que conocemos como estado del bienestar, reduciéndolo a la mínima expresión posible, provocando el cierre de muchos pequeños negocios sustentados por la plebe.

Mientras eso ocurría el sector financiero completaba una de las operaciones más brillantes de su historia. Recibió ayudas del erario público para evitar el colapso sin exigencias ni contraprestaciones ni consecuencias relevantes por sus malas prácticas y desmanes. Se quedaron con las viviendas impagadas que pasaron a sus subsidiarias, más conocidas como “fondos buitre”, a la espera del momento oportuno para especular con ellas y obtener elevadas plusvalías e inventaron gastos y añagazas varias para en esa ficticia venta no devolver nada a los menesterosos desahuciados. Y, apreciando maquiavélicamente que el castigo no era suficientemente proporcionado, crearon las “agencias de recobro”, para, con otra ficticia venta de impagos, intentar recuperar las deudas pendientes mediante la extorsión telefónica a quienes perdieron hasta el derecho a la dignidad obligándolos a retornar al hogar paterno para subsistir. 

O sea, si definitivamente quedan demostrados los hechos que se le imputan al señor Montoro, lo que hubo es un golpe de estado encubierto consistente en cambiar el “estado social y democrático de derecho” que se dice en el primer artículo de nuestra carta magna por un “estado liberal y autocrático de desecho”, y eso es mucho más que corrupción sistémica.