Con esta orden, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital establece las normas y regula los procedimientos que tienen por objeto una correcta ejecución de los presupuestos autonómicos, que para el presente ejercicio continúan con la senda de desarrollo iniciada en 2015, consolidando el Estado del Bienestar para reforzar la cohesión social de la región; a la vez que contribuyen al impulso constante de la economía, fortaleciendo el desarrollo empresarial y el empleo, apoyando el crecimiento de pymes y autónomos; y haciendo frente al reto demográfico.

Las cuentas del Ejecutivo de Emiliano García-Page para este año ascienden a 12.903 millones de euros, con una variación del 1,5 por ciento respecto al año anterior. Esta cuantía permitirá destinar 7.555 millones de euros, 3.054 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Por su parte, a las políticas dirigidas a incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo se han destinado 3.232 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2015, de los que 1.475 millones se van a canalizar vía transferencia a las empresas.

Y se vuelve a contemplar en las políticas presupuestarias el impacto del reto demográfico, así, la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 2.116 millones, un 23,5 por ciento más, comparado con lo presupuestado en 2023, primer año en el que se cuantificaron estas partidas.

Un presupuesto compatible con el equilibrio presupuestario

Un presupuesto compatible con el equilibrio presupuestario, déficit cero, que no supone incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma, y que a su vez es compatible con la aprobación de nuevas reducciones fiscales relacionadas con el ámbito social, unas desgravaciones que se unirán a las ya aprobadas por el Gobierno regional en los últimos diez años, lo que ha permitido duplicar los beneficios fiscales a los contribuyentes de Castilla-La Mancha desde 2015, y que para 2026 va a suponer un ahorro de 390 millones de euros.