En Castilla-La Mancha, como en muchos otros territorios, una parte muy relevante de las políticas públicas se materializa a través de la contratación. No solo se contratan obras, servicios o suministros: se decide cómo se prestan los servicios, qué tipo de empleo se genera y qué impacto tiene la inversión pública en el territorio. 

Sin embargo, durante años, la contratación pública se ha entendido casi exclusivamente como un procedimiento administrativo, centrado en el precio y en el cumplimiento formal de la normativa. Esta mirada limitada ha dejado fuera una pregunta clave: ¿para qué contratamos y con qué efectos sociales? 

Las cláusulas sociales surgen precisamente para responder a esa pregunta. No son una moda ni una ocurrencia reciente, sino herramientas reconocidas en el marco legal vigente que permiten incorporar criterios de interés general en los contratos públicos: empleo digno, igualdad de oportunidades, inclusión social, arraigo territorial o sostenibilidad económica y social. 

Hablar de cláusulas sociales no significa “complicar” la contratación ni poner en riesgo la seguridad jurídica. Significa utilizar de forma estratégica un margen que ya existe, alineando la contratación con las políticas públicas que las propias administraciones impulsan en otros ámbitos, como el empleo, los cuidados, la igualdad o el desarrollo rural. 

Contratar no es neutro 

Cada contrato público genera efectos directos e indirectos. En sectores intensivos en mano de obra, como los cuidados, el impacto es especialmente evidente: la calidad del servicio depende en gran medida de las condiciones laborales, la estabilidad del personal y la organización del trabajo. 

Cuando la contratación se centra únicamente en el precio, las consecuencias son conocidas: rotación de personal, precariedad laboral, dificultades para garantizar continuidad en la atención y pérdida de calidad del servicio. Las cláusulas sociales permiten introducir criterios que corrigen estas dinámicas y sitúan el interés general en el centro del contrato. 

Pero para que funcionen, es imprescindible un enfoque riguroso. Las cláusulas sociales no pueden ser genéricas ni decorativas. Deben estar vinculadas al objeto del contrato, ser proporcionadas, verificables y acompañarse de mecanismos claros de seguimiento y evaluación. De lo contrario, pierden eficacia y generan desconfianza. 

Una herramienta al servicio de la acción local 

En un territorio como Castilla-La Mancha, con una fuerte presencia de municipios pequeños y zonas rurales, la contratación pública puede convertirse en una palanca de desarrollo local. Incorporar criterios sociales bien diseñados favorece la participación de entidades de economía social, refuerza el empleo de proximidad y contribuye a fijar población y servicios en el territorio. 

No se trata de excluir a nadie, sino de ordenar la contratación con criterios de calidad, reconociendo el valor social que aportan determinados modelos empresariales y organizativos. La economía social, por su arraigo territorial y su orientación al bien común, juega aquí un papel estratégico que merece ser tenido en cuenta desde las políticas públicas. 

Formación y diálogo: claves para avanzar 

Uno de los principales retos para avanzar en el uso de cláusulas sociales es la falta de formación específica y espacios de diálogo entre los distintos actores implicados: personal técnico, responsables políticos, entidades sociales y tejido empresarial. 

Existen dudas legítimas, miedos a cometer errores y una necesidad clara de contar con referencias prácticas y experiencias contrastadas. Avanzar requiere compartir conocimiento, analizar qué está funcionando y construir criterios comunes que aporten seguridad y coherencia. 

En este contexto, el próximo 19 de febrero se celebrará en Ciudad Real una jornada autonómica sobre cláusulas sociales y economía social, concebida como un espacio abierto de reflexión y aprendizaje, orientado a la acción local. Un espacio para hablar de contratación pública sin dogmatismos, desde la práctica y con una mirada puesta en el impacto real en el territorio. 

Porque, al final, la pregunta no es si podemos incorporar cláusulas sociales en la contratación pública. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, cuando lo que está en juego es la calidad de los servicios, el empleo y el modelo de desarrollo que queremos para nuestra región. 

INCISO Integración