Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha advertido a once ayuntamientos de la región sobre la necesidad de adaptar sus protocolos de uso de armas Taser a los estándares internacionales de derechos humanos, tras el fallecimiento de un ciudadano en un operativo policial en Torremolinos.

La organización ha remitido cartas a los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, así como a los consistorios de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan, además de a municipios de menor tamaño como Pantoja, Alameda de la Sagra, Yuncler de la Sagra, Fuensalida y Seseña, todos ellos con dispositivos Taser adquiridos en los últimos años.

Investigación por una muerte bajo custodia

El aviso de Amnistía llega tras la muerte de Haitam Mejri, de 35 años, quien falleció el pasado 7 de diciembre después de recibir al menos once descargas de Taser, además de otros métodos coercitivos durante su detención. La organización ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar si se produjo una vulneración del derecho a la vida por uso excesivo de la fuerza.

Este caso ha servido como detonante para revisar la implantación de estas armas en Castilla-La Mancha, donde varios ayuntamientos las han incorporado en los últimos años a sus cuerpos de policía local.

Protocolos bajo revisión y colectivos vulnerables

Amnistía Internacional ha detectado que algunos protocolos municipales permiten el uso de Taser en situaciones que exceden los estándares internacionales, como frente a personas con problemas de salud mental o bajo los efectos del alcohol o drogas. La organización subraya que, en estos casos, la intervención debería contar con personal sanitario especializado.

Asimismo, denuncia que ciertos reglamentos autorizan su empleo ante resistencia a la detención, una práctica que, según los criterios internacionales, solo sería admisible si existe una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

Entre sus principales demandas, Amnistía insiste en la prohibición del uso en modo de contacto directo, por el intenso dolor que provoca y su posible encaje en supuestos de tortura o malos tratos, además de exigir mecanismos efectivos de rendición de cuentas y mayor transparencia en los protocolos.