Vivimos tiempos de enorme incertidumbre política. El debate público se consume entre corrupción, crisis, estrategias partidistas y cálculos electorales mientras cuestiones esenciales para el futuro de los ciudadanos quedan relegadas a un segundo plano. Una de ellas es la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación hablamos de agricultores, ganaderos y de la Política Agraria Común (PAC), la principal herramienta que tiene Europa para garantizar que nunca falten alimentos seguros, suficientes y de calidad en nuestras mesas.

Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.

Por José María Fresneda, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha