El magistrado Luis Casero (Tomelloso, 1959) acaba de asumir la presidencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en un momento especialmente delicado para la Justicia española. En plena polarización política y con la actividad de los tribunales sometida a un intenso escrutinio público, el jurista tomellosero reflexiona sobre la independencia judicial, el debate sobre el lawfare, la falta de medios y los principales retos que afronta la provincia.

En esta entrevista concedida a Belén Rodríguez para Lanza, Casero distingue entre la Justicia que se desarrolla cada día en los tribunales y la imagen que proyectan los casos más mediáticos, al tiempo que reclama más recursos para agilizar los procedimientos y subraya la necesidad de construir el nuevo edificio judicial de Tomelloso.

Entrevista de Belén Rodríguez para Lanza. Fotografías de Clara Manzano.

—¿Cómo ve la evolución de la Justicia en España con la perspectiva del tiempo?, ¿ha empeorado respecto a cómo se trabajaba en los años noventa, cuando empezó a ejercer?

—La justicia es muy distinta, no el hecho de juzgar, ha cambiado el marco en el que se desarrolla nuestra actividad, a unos les parece mejor, a otros peor. Yo soy crítico con la separación radical de la oficina judicial del poder judicial, no me gusta. De hecho, está creando problemas. Estamos haciendo protocolos para que haya comunicación. Eso antes era impensable, un juzgado era un grupo humano dirigido por un juez, junto con el secretario, pero la dirección última estaba en el juez. Ahora son los letrados de la Administración de Justicia los que dirigen la oficina.

—¿Y le parece mal?

—Desde mi personal punto de vista no es demasiado eficaz, pero bueno, es una opinión. Esta separación crea más problemas y no tiene mucho sentido. Se podía haber mantenido una cierta dirección de los jueces, aunque sea con esta estructura de tribunal de instancia. En Ciudad Real tenemos un ejemplo muy claro: cuando se creó el Servicio Común de Ejecución solo empezó a funcionar bien cuando se puso al frente a un único magistrado para resolver toda la ejecución de sentencias.

—¿Cree que se podrá revertir este sistema organizativo o no hay marcha atrás?

—Podrá haber otra ley que diga lo contrario. Esto no es una decisión de este Gobierno, en Ciudad Real llevamos dieciséis años con la oficina judicial; tanto gobiernos conservadores como progresistas han mantenido la misma línea. Si esto se revierte a mí me parecería bien. De todas maneras, es lo que tenemos y estamos trabajando para que este sistema funcione lo mejor posible.

—¿Qué le parece que la Justicia sea el tema de conversación de la opinión pública un día sí y otro también?, ¿y el debate sobre la existencia del lawfare?

—En esto hay que distinguir dos planos. Uno es el del funcionamiento ordinario, lo que se ve aquí en la Audiencia Provincial todos los días. Con la carencia de medios que tenemos, tratamos de sacar el máximo de asuntos posibles y los criterios de independencia e imparcialidad rigen a rajatabla; nadie te llama ni te dice "haz esto" o "haz lo otro". En toda mi vida he recibido llamadas diciéndome lo que tenía que sentenciar, ni conozco a nadie que le haya pasado; hombre, alguno habrá. Ese es nuestro día a día.

—Pero eso no es lo que llega al ciudadano…

—Sí, luego está la otra parte: los casos mediáticos, en los que los involucrados no se defienden a través del procedimiento, sino fuera de él, estableciendo relatos que nos hacen mucho daño, que son los que capta la gente. La imagen que proyectamos es la de la parcialidad, que estamos en el lawfare.

—¿Dice que no ha recibido presiones a lo largo de su carrera?

—Nada, nada de nada. Más bien es ese tipo de presión externa: que se hable de lawfare en los medios, que el implicado o implicados se dirijan directamente al juez.

—Y como especialista en Derecho Procesal —da clases en la universidad y ha publicado libros—, ¿qué opina de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular?

—Es una particularidad de nuestro sistema judicial en el que cualquiera puede ejercer la acción popular. Opino que como parte acusadora es una buena institución, no deja solo al fiscal en esa función, como pasa en otros países, en los que normalmente al perjudicado se le deja personarse, pero no a quien no tiene ninguna relación con el delito.

Hasta ahora eso no había provocado mucha alteración del sistema y era raro ver una acusación popular como ahora. Yo creo que están tratando de instrumentalizar el proceso. Es verdad que no es difícil instrumentalizar un proceso. Lo hemos tenido toda la vida: querellas de todo tipo por asuntos económicos que, en realidad, buscan cierta coacción a la otra parte.

Ahora se le da ese toque político. Es difícil eludir esa instrumentalización cuando el relato o los hechos pueden tener algún indicio de delito y el juez no puede decir "no voy a investigar esto"; pero al investigar, el que intenta instrumentalizarlo, lo hace.

—¿Considera que habría que acotar esto?

—Creo que el Consejo General del Poder Judicial lo ha intentado, pero sin éxito.

—¿Qué le parece que se filtren interrogatorios completos en fase de instrucción?

—Se ha intentado evitar, pero no ha funcionado. Se planteó crear una especie de marca de agua para seguir la trazabilidad de dónde sale un documento, pero parece que eso también tiene dificultades. Las filtraciones hacen mucho daño, sobre todo a la gente. La instrucción está para investigar los hechos, es la preparación del juicio. No es juzgar, es ver si hay unos indicios razonables para sentar a un señor en un banquillo, pero es verdad que se está transformando en una condena pública.

Igual que digo esto, sé que es muy difícil que no haya filtraciones. En un proceso está el juez, el fiscal, la oficina judicial —ahora oficinas de 40 o 50 personas— y luego las partes. Es difícil porque hay mucha gente involucrada.

—¿No cree que deberían ser más contundentes ante este nivel de cuestionamiento al que se ha llegado?

—Salimos muy mal parados por el ambiente político que se ha generado. Si te pones a ver las declaraciones que se hacen, resulta que todo lo que me perjudica a mí es lawfare, pero lo que perjudica a otro partido, en temas de corrupción, no. Ese es el relato que se está generando y que nos hace mucho daño, con independencia de que se pueda criticar y se deba criticar nuestras decisiones.

Una cosa es atacar la institucionalidad del Estado y a uno de sus poderes, y otra la crítica a un juez o a una decisión concreta. Si tú dices que los jueces prevarican, aunque luego hagas la apostilla de "algunos", el mensaje que trasladas es que hay una generalidad de jueces que prevarican. 

—Usted es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que defiende cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Urge más que nunca?

—Nosotros mantenemos que se vuelva al primer sistema de elección por los jueces. Hay una parte de nombramientos, recogida en la Constitución, que nadie discute que deba tener relación con el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso y el Senado, y otra parte que dice que al resto los eligen los jueces. Así ocurrió en el primer Consejo en democracia.

Es verdad que la interpretación de la Constitución es un poco ambigua y después se hizo otra interpretación, que es la que tenemos ahora.

Hay defensores de este sistema y otros de volver al anterior. Yo soy partidario del anterior. Este sistema potencia la idea de politización de la Justicia, asocia a los vocales muy directamente con partidos políticos y luego lo vemos en toda su trayectoria: la etiqueta del PP o del PSOE la han llevado toda su vida, y asociar a un juez a un partido concreto genera un daño.

La gente no sabe distinguir entre el Consejo y los jueces. El Consejo no es el poder judicial, es un órgano de gobierno del poder judicial, pero la gente no diferencia esas cosas, como tampoco distingue el Tribunal Constitucional, que tampoco forma parte del poder judicial.

—¿Habrá consenso o mayorías en algún momento para cambiar el sistema de elección?

—El PSOE siempre ha defendido el modelo que tenemos ahora y el PP, de boquilla, el otro. La realidad es que cuando tuvo la opción de cambiarlo, con mayoría absoluta, no lo hizo.

El PP, con Gallardón de ministro de Justicia, dijo que cambiaría el sistema para que los jueces eligieran a los jueces; iba en su programa electoral, pero luego hicieron lo contrario y fueron a un sistema aún más presidencialista.

—¿Cuál es su prioridad al frente de la Audiencia Provincial?

—Lo dije en la toma de posesión: mantener el buen ambiente, que hace que la mayoría de nuestras decisiones se resuelvan por unanimidad. Apenas tenemos votos particulares. Aquí debatimos mucho, que es lo bonito de los órganos colegiados cuando dictamos sentencias.

En cuanto a medios, para nuestro volumen de asuntos faltan hasta cuatro magistrados. En quince años hemos tenido uno más; yo, que estaré menos tiempo que María Jesús Alarcón por edad, no llegaré ni a uno —dice entre sonrisas—.

—¿El presidente de la Audiencia puede hacer cambios?

Nuestra capacidad es muy poca. Esto es más un cargo de representación y de recepción de problemas para trasladarlos a quienes deciden: la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Ministerio y el Congreso. No tenemos capacidad ejecutiva directa; lo que podemos hacer es tratar de convencer de las necesidades existentes.

—¿Con un magistrado más sería suficiente?

Ya no es como antes. Con crear la plaza no basta, porque ahora se integra en la oficina judicial, que es única. Necesitamos más gente.

Con los cambios y las reformas tenemos una pendencia de dos años y medio hasta dictar una sentencia civil. Eso es muchísimo tiempo. Los recursos penales, que antes resolvíamos en días, ahora tardan dos o tres meses. Los juicios penales también se celebran en ese plazo y los civiles en tres o cuatro meses.

Intentamos privilegiar los asuntos de familia. Un chiquillo no puede estar dos años y medio esperando para saber si se va con su padre o con su madre.

Y hay casos menos llamativos, de carácter económico, muy graves. Que a una pequeña empresa, que son la mayoría en esta provincia, le deban 100.000 o 200.000 euros puede suponer su ruina definitiva. La estamos hundiendo.

—¿Y algún refuerzo que mitigue este retraso?

—Hubo una comisión de servicio con cinco personas en la época de las cláusulas suelo; luego pasó a dos, después a una. Desde hace tres años nos niegan todas las comisiones por problemas presupuestarios.

De jueces deberíamos tener hasta cuatro magistrados más; con dos ya sería razonable. También tenemos falta de personal. Nuestro servicio propio de tramitación hace un 50 % más de trabajo que antes de los tribunales de instancia. Antes teníamos nueve tramitadores, uno por cada magistrado o magistrada, y ahora hay seis. Y eso si no hay bajas o vacaciones, que además no se sustituyen.

—¿En los partidos judiciales de la provincia cuál es la prioridad?

El nuevo edificio de juzgados de Tomelloso, mi pueblo —va con muchísima frecuencia y, además, "me gusta", dice—, es para mí una prioridad. No solo porque sea mi pueblo —comenta entre risas—, sino por el lío organizativo que existe allí.

Actualmente hay dos sedes judiciales separadas, lo que provoca problemas de organización que se solucionarían si contaran con un único edificio. Además, los terrenos llevan cedidos desde hace veinte años. Ya toca.

Y, evidentemente, en todos los juzgados faltan jueces. Creo que el año que viene, al menos ese es el proyecto, llegará a Puertollano un Juzgado de lo Social y también un JAP (juez adscrito a la Presidencia), es decir, jueces sin plaza fija que pueden destinarse allí donde más falta hagan. En la provincia tenemos un par de ellos y se quería crear otra plaza.

—¿Cómo está funcionando el juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, incluida la violencia sexual?

—Ha estado una jueza sustituta que ha hecho un magnífico trabajo. Atiende toda la violencia de cuatro partidos judiciales de la provincia: Ciudad Real, Puertollano, Almagro y Valdepeñas.

Esta sección del Tribunal de Instancia empezó con dificultades, sin medios ni funcionarios suficientes y, además, se trata de un juzgado complicado al que nadie quiere ir. La jueza sustituta ha conseguido que exista una plantilla estable.

El principal problema de estos juzgados son los desplazamientos que deben realizar las víctimas desde localidades como Valdepeñas o Puertollano.

Parece que la Junta va a intentar facilitar esos traslados. Aun así, el fondo de la cuestión es que se recurre con demasiada frecuencia a otras administraciones para cubrir necesidades que, en principio, debería asumir la Administración de Justicia con sus propios medios.