Hay leyes que nacen para corregir desequilibrios, proteger al más débil y garantizar unas reglas de juego justas. Y hay leyes que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de convertirse en poco más que papel mojado cuando quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir no actúan con la contundencia necesaria. Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde ASAJA Ciudad Real llevamos demasiado tiempo denunciando una realidad que ya no admite eufemismos ni puede despacharse como una circunstancia puntual: en numerosos cultivos y sectores, los agricultores siguen vendiendo sus producciones a precios que no cubren sus costes efectivos de producción.

Y cuando esta situación se repite campaña tras campaña, afecta a productos diferentes y se extiende por territorios y sectores, ya no estamos ante excepciones. Estamos ante un problema estructural que evidencia que algo está fallando.

La Ley de la Cadena Alimentaria es clara. El precio percibido por el productor primario debe ser, como mínimo, superior a sus costes efectivos de producción. No lo dice ASAJA. Lo establece la propia legislación. Por tanto, la pregunta es inevitable: si la ley es clara, si los costes son conocidos y si la norma existe para impedir precisamente estas situaciones, ¿cómo es posible que sigamos encontrando numerosas operaciones en las que el agricultor vende por debajo de lo que le cuesta producir? La respuesta es incómoda, pero no podemos esquivarla: la Ley de la Cadena no está funcionando como debería.

Y no estamos hablando de un único producto ni de una coyuntura concreta. Ahí está el vino, uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestra provincia, sometido de manera recurrente a una presión insoportable sobre los precios. Ahí están también el aceite de oliva, la leche, la cebolla, el pistacho, el melón y tantos otros productos en los que el productor se encuentra con cotizaciones que, en demasiadas ocasiones, no guardan ninguna proporción con unos costes de producción que se han disparado.

No puede aceptarse como normal que producir cueste más y que, al mismo tiempo, el agricultor tenga que vender cada vez más barato. Eso no es mercado. Eso es destrucción de valor en el primer eslabón de la cadena. Y aquí la Administración tiene una responsabilidad que no puede eludir. La Administración dispone de información, herramientas de control y capacidad inspectora. Puede conocer la evolución de los precios, analizar los costes de producción y detectar situaciones que presentan indicios claros de incumplimiento. Por eso no puede dejar que el peso de hacer cumplir la Ley recaiga fundamentalmente sobre el agricultor y sobre su capacidad —o su disposición— a denunciar. 

Pretender que cada agricultor se convierta en inspector, abogado y denunciante de su propia operación es desconocer la realidad del sector. Por eso reclamamos algo tan sencillo como contundente: mucha más inspección, más control y mucha más actuación de oficio. No pedimos privilegios. No pedimos precios intervenidos. No pedimos que se eliminen las reglas del mercado. Pedimos algo mucho más básico: que se cumpla la ley. Y para que una ley se cumpla no basta con publicarla en el Boletín Oficial. Hace falta voluntad política, medios suficientes, capacidad inspectora y una Administración que actúe con determinación.

Al agricultor se le exige prácticamente todo. Se le exige trazabilidad. Se le exige formación. Se le exige registrar tratamientos. Se le exige cumplir la normativa laboral, medioambiental, sanitaria, fiscal y administrativa. Se le exige invertir, declarar, justificar, comunicar y demostrar prácticamente cada paso que da. Y el agricultor cumple. Lo que no podemos aceptar es que se exija al agricultor un cumplimiento escrupuloso de todas las normas mientras se muestra una tolerancia inaceptable con aquellas normas que precisamente deberían protegerlo.

La Ley de la Cadena no puede convertirse en una obligación más para quien produce y en una recomendación para quien compra. Porque trabajar a pérdidas no es trabajar. Un agricultor que vende por debajo de sus costes no está obteniendo menos beneficio: está perdiendo dinero. Está descapitalizando su explotación, consumiendo su patrimonio y poniendo en riesgo la continuidad de una actividad que, además, resulta imprescindible para garantizar algo tan básico como el abastecimiento de alimentos.

El agricultor no está en igualdad de condiciones para negociar ni para denunciar a quien le compra. Muchas veces se ve obligado a firmar contratos en los que se establece que el precio estará por encima de sus costes, pero después comprueba que la liquidación final convierte la operación en una venta a pérdidas. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Negarse a entregar su producción? ¿Enfrentarse a quien tiene que retirarle la cosecha y arriesgarse a que un producto perecedero se eche a perder o se quede tirado en el campo? No existe una verdadera igualdad de condiciones entre productores y comercializadores cuando una de las partes necesita vender y la otra tiene la capacidad de decidir si compra, cuándo compra y en qué condiciones. Por eso la Administración debe actuar como garante, reforzar los controles y actuar para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que se abuse del eslabón más débil de la cadena.

Por eso desde ASAJA Ciudad Real vamos a seguir siendo firmes, tenaces y reivindicativos. Queremos control y sanciones contundentes cuando se produzcan incumplimientos. No queremos más discursos sobre el valor de nuestros alimentos mientras se permite que quien los produce trabaje a pérdidas. No queremos más declaraciones de apoyo al campo mientras la realidad de los precios demuestra lo contrario. Y no queremos más leyes que se anuncian como protección para el agricultor si después nadie garantiza que se cumplen.

La agricultura y la ganadería no necesita más buenas palabras. Necesita rentabilidad, cumplimiento de la ley y una Administración que haga su trabajo. Y si la Ley de la Cadena no está funcionando, habrá que decirlo alto y claro, exigir responsabilidades y corregir lo que haga falta. Porque proteger al profesional del campo no consiste en pedirle que denuncie cuando ya ha perdido. Consiste en impedir que se produzca el abuso. Y esa responsabilidad no es del agricultor. Es de quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley.

Por Emilio Cepeda

Presidente de

ASAJA Ciudad Real