La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Confederación de Agricultores Portugueses (CAP) han firmado este viernes en Ciudad Real el ‘Acuerdo de Ciudad Real’, un documento con el que ambas organizaciones refuerzan su posición común ante la Unión Europea y reclaman una Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 dotada con recursos suficientes. La prevención de incendios forestales, los costes de producción, el agua y la competitividad del sector han sido otros de los asuntos abordados durante el VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal.

El encuentro, celebrado durante dos días en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi) bajo el lema ‘Península Ibérica. Construyendo un camino juntos’, ha reunido a representantes de las organizaciones agrarias y de las administraciones de ambos países para analizar problemas compartidos.

El acuerdo suscrito da continuidad al alcanzado en Oporto el pasado año y busca mantener una estrategia conjunta de España y Portugal en Bruselas y ante organismos internacionales. El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha defendido que ambos países comparten buena parte de sus dificultades por cuestiones climáticas, productivas y relacionadas con el agua.

Una PAC con presupuesto suficiente

Barato ha situado el futuro presupuesto de la PAC entre las principales reivindicaciones del sector. A su juicio, la próxima política agraria debe contar con un presupuesto “cierto y suficiente” y responder a las necesidades reales de las producciones mediterráneas.

El dirigente de ASAJA ha reclamado también que se mantengan las partidas destinadas a sectores estratégicos como el vino, las frutas y las hortalizas, al tiempo que ha señalado los costes de producción como un problema común para los agricultores europeos.

Durante el congreso también se han analizado cuestiones relacionadas con la innovación, los insumos, la sanidad ganadera, la cadena alimentaria, el empleo, la fiscalidad y el comercio internacional. Entre las experiencias planteadas figura el uso de drones para la alimentación y el pesaje del ganado.

La prevención de incendios ha ocupado igualmente un espacio destacado. Barato ha defendido que las actuaciones contra el fuego dispongan de financiación específica y diferenciada de la PAC. “Hay que prevenir, hay que actuar, pero que no sea con el presupuesto de la PAC”, ha señalado.

España y Portugal reclaman una posición común

El presidente de CAP, Álvaro Mendonça, ha destacado la capacidad de influencia que, según ha explicado, adquieren ambos países cuando mantienen posiciones comunes ante las instituciones europeas. El agua ha sido uno de los ejemplos citados durante su intervención.

Mendonça ha señalado que problemas como la escasez hídrica, inicialmente asociados a España y Portugal, tienen ahora una dimensión europea debido a los cambios climáticos. Por ello, ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y gestión del agua para garantizar la actividad agraria.

El dirigente portugués también ha relacionado la rentabilidad del campo con la prevención de incendios y la lucha contra la despoblación rural. Según ha planteado, el abandono de la actividad agraria favorece la pérdida de población y aumenta el riesgo de incendios.

Por ello, ha reclamado un presupuesto comunitario “potente” que permita apoyar a agricultores y ganaderos, impulsar la innovación y reforzar la prevención de los incendios rurales.