La plataforma defiende la vivienda como un derecho humano y considera que las administraciones deben garantizar su acceso, proteger a los inquilinos frente a la especulación y ofrecer soluciones habitacionales a quienes se enfrentan a un desahucio. Entre sus principales reivindicaciones figuran el refuerzo del parque público de vivienda, el alquiler social asequible, una mayor estabilidad en los contratos de arrendamiento y la limitación de las subidas de precios.

También reclama la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los indicadores legales y que ningún desahucio se ejecute sin una alternativa habitacional, con especial protección para las personas en situación de vulnerabilidad.

La organización sostiene que la convocatoria tiene amparo constitucional y recuerda que el derecho a la huelga también puede ejercerse para protestar contra decisiones de política económica y social, más allá de los conflictos laborales. Asimismo, reivindica el papel de los sindicatos de inquilinos, a los que atribuye una labor fundamental de acompañamiento a las familias afectadas por los desahucios.

Críticas a la política de vivienda de la Junta

La plataforma acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de no haber regulado el mercado del alquiler ni declarado zonas residenciales tensionadas, pese a que, según sostiene, varios municipios de la región reúnen los indicadores necesarios. También señala que son pocos los ayuntamientos que han solicitado estas declaraciones.

En su valoración, la política regional ha priorizado la construcción de nuevas viviendas y la reclasificación de suelo frente a otras herramientas, como la adquisición de inmuebles ya existentes. Además, denuncia la falta de un protocolo claro de coordinación entre las administraciones regional y municipal para garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables que pierden su hogar.

La organización cuestiona igualmente la proposición de ley autonómica sobre movilización de suelo, vivienda y simplificación urbanística, actualmente en tramitación urgente. A su juicio, esta iniciativa no sustituye a una ley integral de vivienda que reconozca este derecho con todas las garantías.

El caso de Maricarmen Abascal, tras la convocatoria

La plataforma vincula la huelga al caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida la semana pasada cuyo desahucio y posterior llamamiento a la movilización social desde un hospital impulsaron las protestas.

La organización atribuye su situación a una cadena de fallos institucionales y reclama cambios para evitar que otras personas vulnerables atraviesen circunstancias similares. Su objetivo, según expresa en el comunicado, es que no haya «una Maricarmen más».