El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 10 de noviembre, dos iniciativas relacionadas con la seguridad del transporte ferroviario y la atención a las víctimas de accidentes. Por un lado, ha creado la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que tendrá carácter permanente y se encargará de coordinar la asistencia a los afectados y sus familiares a medio y largo plazo. Por otro, ha dado luz verde a un Real Decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y ampliar la protección social de los profesionales del sector.

Las dos decisiones, impulsadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responden a la necesidad de mejorar la atención tras los siniestros y reforzar las garantías de seguridad en la operación ferroviaria, incorporando también las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

Un interlocutor permanente para las víctimas

El nuevo Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Su cometido será garantizar una atención psicológica, social y jurídica continuada, así como proteger los derechos, la dignidad y las necesidades de las personas afectadas.

Una de sus principales funciones será mantener la atención cuando se retiren los dispositivos de emergencia, evitando que las víctimas y sus familiares queden sin acompañamiento institucional una vez superada la primera fase del accidente. Podrá requerir información a los organismos implicados, exigir respuestas y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Su ámbito de actuación comprenderá los accidentes de transporte colectivo de competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y autobús. También podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración.

La definición de víctima será amplia e incluirá no solo a las personas fallecidas, desaparecidas o heridas, sino también a quienes sufran daños psicológicos, sus familiares, allegados y personas dependientes afectadas directamente por el accidente.

El Defensor orientará sobre derechos, ayudas disponibles, reclamaciones de daños, justicia gratuita y compensaciones económicas, además de facilitar el acceso al apoyo emocional y terapéutico. También colaborará con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia y las competencias de los órganos judiciales.

Las asociaciones participarán en la reforma normativa

Las asociaciones de víctimas tendrán una participación activa, consultiva y permanente a través de un grupo de trabajo. El objetivo es que formen parte de las decisiones y de la mejora de los mecanismos de atención.

En este sentido, el nuevo Defensor deberá presentar, en los tres meses siguientes a su nombramiento, un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas, elaborado con la participación de estas asociaciones. La propuesta abordará la estructura institucional de asistencia y la colaboración entre administraciones y entidades.

La figura contará con una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, una Secretaría General, una Subdirección General de Atención a las Víctimas y un Gabinete Técnico. Su titular será nombrado mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes.

Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria

La segunda iniciativa aprobada es un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional ferroviaria y la protección social de los trabajadores. La norma persigue cuatro objetivos: clarificar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa y ampliar la protección social de determinadas categorías profesionales.

En relación con los tiempos de conducción, se precisan las actividades que deben contabilizarse. Se incluirán las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del tren y de la atención a la circulación.

También se computarán íntegramente los periodos inferiores a 45 minutos entre el cese y la reanudación de una actividad de conducción por el mismo profesional, incluso cuando durante ese intervalo no tenga que realizar ninguna tarea. Las interrupciones de 45 minutos o más también se contabilizarán cuando se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

La norma contempla, además, los tiempos de conducción realizados en otras redes ferroviarias y establece que, cuando dos maquinistas conduzcan conjuntamente en los supuestos previstos, el tiempo computará de la misma manera para ambos.

La cultura justa y la protección de los trabajadores

El Real Decreto-ley refuerza las facultades de supervisión e inspección de la AESF. Las personas y entidades sometidas a estas actuaciones deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, trenes y equipos cuando sea necesario para desarrollar las inspecciones, incluso si pertenecen a otra empresa ferroviaria.

Otro de los cambios destacados es la incorporación del principio de cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario. Se habilitarán canales internos y sistemas públicos de notificación para comunicar riesgos relacionados con la seguridad, garantizando la confidencialidad de quienes informen.

El nuevo marco establece que no se impondrán sanciones cuando los riesgos se comuniquen previamente, cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. También reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar medidas proporcionadas ante situaciones de peligro grave e inminente, incluida la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciar el servicio.

Esta protección se extenderá frente a posibles represalias laborales o sanciones, salvo en los casos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.

Por último, el Gobierno amplía el régimen de coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinadas categorías profesionales de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General. La medida pretende equiparar la protección de trabajadores que desempeñan las mismas funciones, con independencia de la empresa para la que trabajen.

Además, se iniciará un procedimiento de revisión de estos coeficientes para estudiar la posible incorporación de otras categorías profesionales expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, con participación de las organizaciones sindicales.