Presos de una cotidianidad que nos subyuga, asimilándonos cada vez más a los modernos aparatos tecnológicos donde todo está escrupulosamente programado y sin posibilidad a acontecimientos extraordinarios e inesperados, estamos perdiendo las características esenciales de nuestra idiosincrasia, como la de decidir sobre cuestiones vitales de nuestra vida personal y familiar, delegándolas en personas con nulos escrúpulos que solo buscan sacar rédito económico de ellas.

Ello es causa directa de graves dramas humanos, que se van generalizando en exponencial progresión, desconociéndose ello por ser noticias que no interesan difundir a los medios de comunicación de masas, cuya opinión pública diseñan y manejan a su antojo. No podemos obviar que la difusión de éstas podría suponer un revulsivo a las tendencias actuales y que tanto les benefician. 

Lo cierto y verdad es que en la afortunadamente superada pandemia se habló de las paupérrimas condiciones de determinados centros geriátricos o residencias para mayores, especialmente los privados, que, dicho sea de paso, cuestan una pasta. Basta un simple vistazo a las redes sociales y páginas web especializadas para ver desgarradores testimonios de familiares describiendo situaciones espeluznantes, que hacen hervir la sangre cuando se trata de personas dependientes necesitadas de cuidados especiales y, sobre todo, de empatía.   

La demanda de este tipo de servicios es creciente debido al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, de tal manera que los centros de propiedad y gestión pública son absolutamente insuficientes. Ante ello no queda más remedio que acudir a la mercantilización, vía empresas privadas, de esos servicios, donde la cuenta de resultados y el aseguramiento de la viabilidad del proyecto en el medio y largo plazo condicionan su calidad, disminuyéndola evidentemente. Las interminables listas de espera para conseguir una plaza aseguran el pleno rendimiento de las instalaciones y propician praxis inmorales, cuando no ilegales directamente, tales como condiciones de habitabilidad insalubres, comidas insulsas y escasas, insuficiente personal para atender debidamente a los residentes, etc. 

Son los primeros síntomas de un capitalismo que, victorioso frente a otras alternativas de organización social, ha entrado en un proceso de radicalización que excluye cualquier intervención de los poderes públicos, solo posible por una globalización huérfana de un verdadero ordenamiento jurídico internacional que imponga obligaciones a los mastodónticos, en términos económicos, operadores supranacionales. Si bien, ante la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2, conspicuos defensores del ultraliberalismo mostraron anuencia en la intervención de dichos poderes para superar la crisis económica, incluso con la obtención de ciertos beneficios futuros a favor del erario público, superada ésta no se ha vuelto a tratar el asunto. Borrón y cuenta nueva como se suele decir.

La orgiástica acumulación de capital, que comúnmente denominamos codicia, practicada por esos personajes de los que nos informa la lista Forbes, con reunión anual de mucho boato incluida (club Bilderberg), es el tránsito de la soberanía del pueblo a la soberanía del dinero, en donde los prebostes de turno solo atenderán, de forma cada vez más descarada, a los intereses de esa elitista y liliputiense clase privilegiada, condenando perpetuamente a la categoría de utopía el interés general. 

Nos estamos convirtiendo en otro producto de ese gran mercado público, donde si no satisfacemos las expectativas del otro u otros somos sustituidos, como, verbigracia, se cambia una bombilla fundida de una lampara. Los indicadores son contundentes al respecto: rupturas sentimentales, pérdidas de largas amistades por superfluas controversias, alarmante aumento de las patologías psicológicas, inobservancia de las más elementales reglas del decoro, indiferencia ante situaciones que otrora movilizaban masas, etc.

Ante una situación de sobreinformación como la que se da actualmente, las nuevas formas de comunicación que nos brinda la tecnología, en donde se anula ese lenguaje gestual y no verbal que tanto ayuda a la buena comprensión del mensaje, singularmente en un idioma donde la mayoría de las palabras son polisémicas, y el escaso tiempo libre del que disponemos, debido a las múltiples obligaciones propias de los distintos roles sociales que cumplimos, no queda más remedio que seleccionar dicha información en función de los temas que nos interesan y afectan directamente en nuestra vida cotidiana. 

Esa selección no incluye las condiciones sociosanitarias de este tipo de centros, especializados en el cuidado de nuestros padres y abuelos, a excepción de que seamos damnificados directos o indirectos. No está de más recordar que los centros de propiedad y gestión públicos, al ser parte integrante de lo que denominamos estado del bienestar, carecen de ese ánimo de lucro y, por lo general, tienen mejores condiciones, por contradictorio que pueda parecer a aquellos partidarios de privatizar todo y reducir la Administración pública a la mínima expresión posible. Todo ello impide una verdadera concienciación social sobre la gravedad de lo expuesto y la consiguiente articulación de grupos de presión.

El drama se extiende a aquellas familias que, desgraciadamente, tienen uno o varios de sus miembros en situaciones de dependencia y necesitados de atención especial y permanente, están en espera de que les sea asignada una plaza pública, por la que pagan en función de los recursos económicos disponibles, siendo éstos insuficientes para acudir a las alternativas privadas. Todo ello matizado por el hecho de que se prevén ayudas económicas, válidas para personas cuyo grado de dependencia sea bajo, no así para las que su dependencia sea grave y progresiva.

Tampoco es de recibo que una Administración pública tan desproporcionada como la nuestra, en relación con la población que somos, persiga con tanto denuedo a los ciudadanos corrientes y las PYMES para el correcto cumplimiento de sus obligaciones legales, mostrándose, en contraposición, condescendiente, permisiva y comprensiva con las grandes corporaciones, sean nacionales o supranacionales, cuando, en teoría, debería ser a la inversa y las últimas tendrían que estar sometidas a periódicos y rigurosos controles.

Los responsables de cada centro y los trabajadores que directamente atienden a nuestros familiares dependientes se me antojan cegados de soberbia, pues de no ser así, independientemente de las órdenes recibidas de sus jerárquicos superiores y la necesidad de conservar el puesto de trabajo en el leonino contexto presente, no se prestarían a la deshumanización que supone ser inmune al dolor de las personas que realmente les dan trabajo, pues de estar sanas y vitales no precisarían de sus cuidados. Olvidan que el destino gusta de dar giros macabros, que mañana pueden ser ellos/as los que precisen de esos cuidados, y que con un poco de mala suerte quien se los proporcione será el familiar del enfermo al que no cuidaron como debían, aprovechando la ocasión para tomarse su particular venganza.

Por último, todo ello evidencia lo errado de nuestra actual dirección hacia un liberalismo extremo y un mercado alegal, ausente de regulación y de intervención de poderes públicos para la corrección de los desequilibrios que pudieren producirse. O aceptamos que ciertos servicios no son susceptibles de explotación privada o, de facto, pronto estaremos ante un escenario donde la vida de las personas pudientes goce de mayor protección que la del resto, recibiendo un trasplante de órganos antes que otras personas que lo precisen con mayor urgencia, plaza en centros hospitalarios en detrimento de semejantes con patologías más graves y serio peligro para su vida, abundantes alimentos para la satisfacción de sus primarias necesidades aun cuando una parte importante de la población muera de inanición, etc. 

Ramón Moreno Carrasco es Doctor en Derecho Tributario