Los bienes públicos se financian con impuestos y algunos de ellos, ciertamente notorios, nos proporcionan beneficios que se extienden en el tiempo. Son los denominados bienes preferentes, pues logran que el bienestar colectivo sea mayor que la simple suma de utilidades individuales y esto lo consiguen durante años (educación y sanidad). Es fácil comprender esta idea, pues todos preferimos vivir en una sociedad donde todas las personas acuden al médico cuando están enfermas, por ejemplo. Una colectividad que se cuide, generará bienestar, en conjunto superior al número de sus individuos.

Sin embargo, los bienes públicos se han enfrentado (siempre) a un problema: los usuarios de los mismos los valoran de muy distinta forma, según se trate de expresar cuánto se estaría dispuesto a pagar por ellos (impuestos) o de señalar una indemnización por su mal funcionamiento. En el primer caso, la valoración será insuficiente y, en el segundo, excesiva.

Otro problema, que parece darse en aumento, es el que consiste en la percepción del bien, por parte del usuario final, como si este fuera privado. Dado que no existen los bienes públicos puros, es frecuente encontrar algún grado de rivalidad en el consumo, lo que nos obliga a ser conscientes de que nuestras preferencias individuales se van a solapar con las preferencias del resto. No deberíamos obviar lo anterior y, sin embargo, parece que lo hacemos. Como no existe un precio explícito (tal y como ocurre con los bienes privados), el usuario final se arroga el derecho de ser proveído del bien, como si se tratara de un bien privado por el cual ha pagado una suma cierta, apropiándose del mismo y consumiéndolo para sí. Es decir, demandamos un servicio público sin tener en cuenta al resto de usuarios y colocamos nuestras preferencias sobre las de ellos.

Lo anterior no son más que expectativas, pues la cantidad del bien público es la que es y, finalmente, el gestor la administrará de la manera más conveniente para la colectividad. Pero estas expectativas, que se tornan en exigencias que no pueden satisfacerse, generan malestar hacia las políticas públicas. En resumen, si tratamos al bien público de la misma forma que al bien privado, como usuarios finales, nos hallaremos descontentos, pues no obtendremos la cantidad que deseamos del mismo ni la calidad en la atención. Y lo haremos de manera desmesurada, pues todos pagamos impuestos y no tenemos información exacta, ni de lo que se destina a ese bien público, ni de su coste, ni mucho menos de su funcionamiento. Así que tendemos a pensar que nuestra contribución es, si no la mayor de todas, sí muy relevante.

De esta forma, si fumo en los baños del hospital, si demando privilegios de los cuales no goza el resto de la plantilla de funcionarios, si me cuelo en la lista de espera, si exijo un cambio de habitación o requiero un profesor determinado para mi hijo, estaré poniendo de manifiesto que ignoro lo que es un bien público y que, al mismo tiempo, trato de imponer mis preferencias sobre las del resto, tal y como haría en un mercado privado.

Cierto es que debemos exigir, a los gestores, una provisión eficiente del bien público, pero no lo es menos que nosotros, como usuarios finales, estamos obligados a aceptar el bien público como tal, algo que será consumido por una colectividad y por el que tenemos el deber de contribuir a su buen funcionamiento, teniendo en cuenta nuestras expectativas y, también, las del resto.

Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos).