Hay que reconocer que en su intervención se han escuchado propuestas positivas que pueden contribuir a reforzar la igualdad y la justicia social: programas de inserción laboral, medidas en materia de dependencia, algo sobre discapacidad y mayores, atención a la salud mental, y proyectos de desarrollo rural que buscan dar respuesta a uno de los mayores retos demográficos de nuestra tierra. Cada uno de esos avances merece ser evaluado con rigor y acompañado de recursos y participación social, porque solo así se consolidan las políticas públicas que transforman vidas.

Sin embargo, el relato del debate ha vuelto a girar, una vez más, en torno al pasado. Durante demasiado tiempo, hemos escuchado referencias reiteradas al periodo 2011‑2014 y al daño causado entonces. Ese ciclo, aunque relevante en la memoria institucional, no puede seguir monopolizando el discurso político actual. Castilla‑La Mancha, en pleno 2025, necesita debates centrados en el presente y en los desafíos inmediatos: proteger a las personas más vulnerables, ampliar derechos, y abordar con valentía las brechas sociales, territoriales y digitales.

Como representante de la Mesa del Tercer Sector, creo que ha llegado el momento de repensar el formato del Debate sobre el Estado de la Región. Propongo que el próximo año el discurso inicial comience no con los indicadores económicos, sino con una contextualización de la realidad social. Que partamos de los datos sobre pobreza, exclusión, atención a la discapacidad y la dependencia, vivienda o igualdad de oportunidades, y desde ahí construyamos un diagnóstico más completo, humano y coherente con la misión de una región que aspira a ser inclusiva y solidaria.

El futuro de Castilla‑La Mancha no se defiende mirando atrás, sino aprendiendo del pasado para diseñar políticas innovadoras, sostenibles y centradas en las personas. Esa debería ser la hoja de ruta de nuestra política autonómica si de verdad queremos un debate útil, constructivo y esperanzador para todos los ciudadanos.